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Las modificaciones se pusieron en vigencia desde hoy con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General 3990.

 

Con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General 3990, la Administración Federal de Ingresos Públicos, encabezada por Alberto Abad, avanzó en la simplificación de los trámites por parte de los ciudadanos que realizan actividades que no  justifican su inscripción como responsable de IVA y Ganancias.

 

Desde la la sanción y promulgación de la Ley 27.346 de nuevo Régimen de Monotributo, que reincorporó desde 2017 la Categoría A, hasta una facturación por año móvil de $84.000, y la creación de la Categoría K, para los vendedores de cosas muebles, por hasta $1.050.000,

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la Administración Federal de Ingresos Públicos fue desarrollando aplicativos para operar por medios electrónicos, destinados a "responder a la filosofía de esta opción, que es simplificarle la vida al ciudadano, para que no tenga que acudir al auxilio de un contador, que está para casos más complejos,

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como autónomos, responsables inscriptos en IVA, Ganancias y Bienes Personales", dijo ayer en diálogo con la prensa, del que participó Infobae, el administrador federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad.

Alberto Abad: “Los cambios responden a la filosofía de esta opción, que es simplificarle la vida al ciudadano, para que el monotributista no tenga que acudir al auxilio de un contador”

En esa línea, la Resolución General 3990 reglamentó 10 cambios de fondo, que regirán de modo inmediato,

Leer también: Monotributo, conocè cómo deberás abonar las obligaciones mensuales.

a saber:

1. Recategorización de Oficio I: Inicialmente se pensó para la reconversión de las escalas que un ciudadano tenía hasta diciembre de 2016, a una categoría inferior a partir de enero de 2017; aunque quien considerara que debía pasar a dos o tres rangos menos debía hacerlo hasta el 31 de enero. Ahora podrá hacerlo en cualquier mes, pero sin efecto retroactivo al 1 de enero.

2. Recategorización de Oficio II: Desde hoy la AFIP hará reconversiones automáticas a una categoría superior a la registrada, basado en acreditaciones de ingresos en cuentas bancarias y de gastos personales por medio de movimientos de esas cuentas, como de consumo con el uso de tarjetas de crédito y compra, y de pago de servicios en entidades no bancarias autorizadas. La modificación ocurrirá cuando se presuman ingresos un 20% superiores a la categoría para el caso de los prestadores de servicios; y de 30% para los que se dedican a la venta de bienes muebles.

El contribuyente podrá justificar esos movimientos sin haber variado la facturación máxima que admita su encuadramiento, a través del sitio de internet de la AFIP, en los primeros 30 días de notificado a través del domicilio electrónico; o hasta 15 días de haber sido intimado. De no ser aceptado el descargo, la medida podría tener efecto retroactivo a la fecha en que el organismo recaudador detecte que se produjo el desvío, y por tanto deberá pagar la diferencia desde entonces entre los pagos por mes y el que corresponde a la nueva categoría de Monotributo.

Las recategorizaciones de oficio basadas en acreditaciones bancarias de ingresos y de consumos registrados podrá tener efecto retroactivo al momento de la presunción del desvío de facturación
3. Pago electrónico obligatorio. Hoy rige para los categorizados entre la E y la K, inclusive, desde una facturación superior a $336.000 en los últimos doce meses. Se hará de modo progresivo en las escalas inferiores: La D, más de $168.000 de facturación por año móvil, en septiembre próximo; las restantes A, B y C, hasta $168.000 por período de 12 meses previos, en noviembre de este año.

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Las modalidades de pago vigentes son la transferencia electrónica de fondos; cajeros automáticos de entidades bancarias; débito automático en banco o tarjeta de crédito; tarjeta de crédito  y todo pago electrónico que se defina en el futuro, "admitido o regulado por el Banco Central de la República Argentina e implementado por la AFIP", como la habilitación de cajeros en establecimientos comerciales y terminales de autoservicio. Incluso, el monotributista puede abrir una caja de ahorro fiscal gratuita, la cual fue habilitada hace unos 10 años, principalmente por parte del Banco Nación Argentina.

La AFIP proyecta habilitar canales de pago a través de terminales en comercios, que se sumarán a los canales vigentes, incluida la apertura de una caja de ahorro fiscal gratuita que rige desde hace 10 años, pero tiene poca difusión.

4. Factura Electrónica: Hoy rige como obligatorio a partir de la categoría H, desde $504.000 de facturación anual móvil, pero se extenderá la exigencia desde mayo próximo a partir de la categoría D, desde $168.000 por año móvil para las ventas de bienes y servicios a responsables inscriptos en IVA. Se podrá generar a través del sitio de internet de la AFIP, comprobante en línea; se accede con clave fiscal, y también se podrá hacerlo con el celular, previa descarga del aplicativo que diseñó el organismo, inicialmente para sistema Android y desde el 15 de marzo para el IOS. En ambos casos se podrá generar el documento con extensión PDF y luego enviárselo al comprador de un bien o servicio.

5. Domicilio Fiscal Electrónico: Será obligatorio para los nuevos monotributistas, mientras que para los ya adheridos, se fijó un plazo para su declaración hasta el 30 de septiembre de 2017. Por esta vía, en la que será de suma importancia registrar un correo electrónico y una línea de telefonía móvil, la AFIP comunicará las notificaciones de cambios en los datos del titular, aunque a través del nuevo portal "Mi Monotributo", cada inscripto podrá acceder los martes y viernes de 0 a 24 horas y conocer "todo lo que la AFIP sabe de él", como el cambio de categoría de oficio.

En el nuevo portal “Mi Monotributo”, cada inscripto podrá acceder los martes y viernes de 0 a 24 horas y conocer “todo lo que la AFIP sabe de él”, como el cambio de categoría de oficio, aunque con domicilio fiscal electrónico será notificado al instante.

6. Mi Categoría: Habilitará un servicio a través del sitio de internet que mostrará la información que la AFIP tiene del monotributista.

7. Recategorización o confirmación: Se suprimen las fechas cuatrimestrales y se fija un mes obligatorio para todos los casos: "a la finalización correspondiente al cuatrimestre mayo a agosto", en septiembre, a través de una Declaración Jurada proforma. Desde este año, el Monotributista podrá modificar su condición todos los meses, con efecto a partir del mes siguiente. Sólo estarán eximidos de esta exigencia quienes se adhieran en los 4 meses anteriores al vencimiento de la obligación. "A la finalización de los cuatrimestres calendario, la AFIP pondrá a disposición del pequeño contribuyente de la información que posee sobre su situación tributaria, a través del sitio Web institucional y mediante la remisión de alertas al Domicilio Fiscal Electrónico".

8. Se suprime la Declaración Jurada Informativa anual, porque los datos del monotributista serán ajustados de oficio o voluntariamente, y corroborados todos los septiembre, haya registrado o no cambios en los niveles de facturación comprendidos en su categoría.

9. Incumplimiento: La omisión de la nueva reglamentación impedirá al contribuyente y a sus clientes obtener la constancia de opción de Monotributo, aunque deberá seguir pagando el cargo mensual.

10. Excluidos: Podrán reingresar al Monotributo hasta el 31 de mayo los desafectados de oficio en 2016, por haber incumplido con los pagos mensuales; haber sufrido una sentencia judicial; o haber excedido el monto máximo de facturación admitido que era de hasta $400.000 por año para los prestadores de servicios y de hasta $600.000 para los vendedores de bienes muebles; y también los autoexcluidos en el último año por haber excedido cualquiera de los parámetros vigentes.

Podrán reingresar a la condición de Monotributista hasta el 31 de mayo próximo los autoexcluidos y los excluidos de oficio durante 2016

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Es el número más grande que se tenga registro en 50 años.

 

Construcción y comercios, los más perjudicados.

 

El sector más golpeado por las políticas de gobierno fue la construcción.

 

Según el Registro de la Industria de la Construcción, que debe ser actualizado todos los años para poder operar, las constructoras formalizadas pasaron de 24.600 en 2015 a 23.900 en 2016, lo que equivale al cierre de 700 en menos de seis meses.

crisis

Esto afecta también al empleo indirecto que circunscribe sin incluir subsidiarias ni pequeñas empresas informales.

 

Según El Cronista.com se perdieron solo en el primer trimestre 30.000 empleos formales.

 

A este numero se le excluyen trabajadores en negro que, en este rubro, representa casi la mitad.

 

La industria manufacturera es la que mayor valor agregado otorga pero es muy vulnerable a los cambios en política económica y energética.

 

Con la suba de la electricidad, el gas, la baja en el consumo por aumento de precios,

Leer también: Para sacarse el sombrero.

el incrementó la tasa de interés y, por sobre todas las anteriores, la apertura de importaciones,

 

las empresas de este rubro sufrieron 171 cierres.

Por ejemplo, en el caso de Royac Metalúrgica, que fabrica válvulas dosificadoras para las cerealeras, pasó de pagar de 1250 pesos en tarifas a la inmensa suma de $16.800. Con la libre importación,

 

se han quedado sin órdenes de compra ya que los que eran sus clientes compran productos chinos un 67% más barato.

 

Según el CEPA, en las empresas en las que la energía es el 5% del costo final, las ventas cayeron un 15% mientras que en las que los costos energéticos representan el 30% del total,

 

como en perfumes y juguetes, se redujeron 50% y hubo varias debieron cerraron.

Tomando fuentes del AFIP,

 

los sectores con más cierres son Construcción con 700, comercio y reparaciones con 367, hoteles y restaurantes con 165, industrias manufactureras con 171. Además,

 

hubo 283 cierres en el resto de los sectores. Esto representa un total de 1686 empresas cerradas en los primeros cinco meses del gobierno de Mauricio Macri, el número más grande en 50 años.

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Conocé qué categoría te corresponde, cómo deberás abonar las obligaciones mensuales y cuándo podrás adherirte y recategorizarte.

Categorías
AFIP efectuará la conversión de oficio de las categorías de revista de los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado (RS) al día 31 de diciembre de 2016, a las nuevas categorías previstas en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, modificado por la Ley N° 27.346, considerando las siguientes pautas y presunciones:
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Actual CategoríaNueva Categoría
según conversión
Presunción Anual
Parámetro
“Ingresos Brutos”
BAHasta $ 84.000
CBHasta $ 126.000
DCHasta $ 168.000
EDHasta $ 252.000
FEHasta $ 336.000
GFHasta $ 420.000
HGHasta $ 504.000
IHHasta $ 700.000
JIHasta $ 822.500
KJHasta $ 945.000
LKHasta $ 1.050.000
No se efectuará conversión de oficio a las sociedades comprendidas en el Régimen Simplificado, excepto las que se encontraban encuadradas en las categorías I y L, como tampoco a sus integrantes.
Las nuevas categorías se podrán consultar ingresando a la consulta de la Constancia de Inscripción/Opción - Monotributo, disponible en el sitio “Web” de este organismo a partir del día 10 de enero de 2017.

Los ciudadanos que adhieran al Monotributo, a partir del mes de enero de 2017 deberán considerar los nuevos parámetros (ingresos brutos, superficie afectada, energía eléctrica consumida y alquileres devengados) establecidos por la Ley N° 27.346.

IMPORTANTE: Aquellos ciudadanos que no estén de acuerdo con la categoría asignada de oficio por esta Administración Federal, deberán realizar una modificación de datos (no una recategorización) antes del 31 de enero de 2017.

Adhesión
La opción “Registro Tributario/Monotributo” del servicio con clave fiscal “Sistema registral”, para la adhesión y recategorización en el Régimen Simplificado (RS), se encontrará disponible a partir del día 10 de enero de 2017.

Los sujetos que adhieran al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), a partir de la fecha mencionada deberán considerar los nuevos parámetros (ingresos brutos, superficie afectada, energía eléctrica consumida y alquileres devengados) establecidos por la Ley N° 27.346.


IMPORTANTE: Aquellos ciudadanos que no estén de acuerdo con la categoría asignada de oficio por esta Administración Federal, deberán realizar una modificación de datos (no una recategorización) antes del 31 de enero de 2017.

Recategorización
La recategorización en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) prevista en el primer párrafo del Artículo 9° del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2016 —cuyo vencimiento operaba originalmente el día 20 de enero de 2017—, podrá efectuarse hasta el día 31 de enero de 2017. Para la recategorización deberán considerarse los nuevos parámetros (ingresos brutos, superficie afectada, energía eléctrica consumida y alquileres devengados).

No corresponderá la recategorización cuando el sujeto deba permanecer en la misma categoría del Régimen Simplificado (RS) que resulte de la conversión de oficio a que se refiere el Artículo 1°.

Pagos
Quienes estén adheridos al Monotributo deberán ingresar a partir del mes de enero de 2017 los nuevos valores del impuesto integrado y cotizaciones previsionales establecidos por la Ley N° 27.346.
A tales efectos los ciudadanos que se encontraban adheridos con anterioridad a la fecha de publicación de la Resolución General Nº 3982, utilizarán la credencial para el pago y el Código Único de Revista (CUR) obtenidos con anterioridad a esa fecha, excepto que el pequeño contribuyente proceda a la modificación de datos o a su recategorización en los términos del Artículo 5°.
Aquellos ciudadanos que abonen sus obligaciones mensuales a través del débito directo en cuenta bancaria o débito automático mediante la utilización de tarjeta de crédito y que con motivo de la conversión de oficio de las categorías consideren necesario efectuar una modificación de datos que implique la rectificación de la categoría asignada, la citada modificación se deberá efectuar hasta el día 20 de enero de 2017 inclusive, a fin que le sean debitadas por los importes correspondientes. 

IMPORTANTE: Aquellos ciudadanos que no estén de acuerdo con la categoría asignada de oficio por esta Administración Federal, deberán realizar una modificación de datos (no una recategorización) antes del 31 de enero de 2017.

En el supuesto que las entidades bancarias y de pago autorizadas —a la fecha en que corresponda efectuar el mismo— no tengan habilitados en sus sistemas de cobro los importes conforme a los nuevos valores del impuesto integrado y cotizaciones previsionales, los monotributistas ingresarán el importe habilitado en dichas entidades. Las diferencias que pudieren resultar en concepto de impuesto integrado y cotización previsional con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a los períodos enero y febrero de 2017, deberán ingresarse mediante la utilización del formulario F. 155 o transferencia electrónica de fondos conforme lo establecido en la Resolución General Nº 1.778, sus modificaciones y sus complementarias, hasta el día 31 de mayo de 2017, inclusive, considerándose dichas obligaciones mensuales ingresadas en término hasta la citada fecha.
Para la confección del aludido formulario, se deberán utilizar las relaciones Impuesto-Concepto-Subconcepto que se detallan a continuación:

Diferencia del Impuesto Integrado: 20-019-078

Diferencia de las Cotizaciones Previsionales: 21-019-078

Los débitos de las obligaciones del mes de enero de 2017, se efectuarán, excepcionalmente, el día 31 de enero de 2017.

Los importes de tales diferencias, como así también los nuevos valores de las categorías, se podrán consultar en www.afip.gob.ar/monotributo
 
Exclusión de Pleno Derecho.
Los ciudadanos que hubieran quedado excluidos de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) por haberse verificado alguna de las causales establecidas en el Artículo 20 de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, durante los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.346, podrán —con carácter excepcional— adherir al mismo sin tener que aguardar el plazo previsto en el Artículo 21 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, siempre que reúnan los requisitos y condiciones previstos a tales efectos. Dicha opción podrá ejercerse hasta el día 31 de mayo de 2017.
En los casos en que se hubiera interpuesto el recurso de apelación previsto en el Artículo 74 del Decreto N° 1.397/79 y sus modificaciones, contra el acto administrativo que comunique la exclusión de pleno derecho, la opción podrá ejercerse dentro de los NOVENTA (90) días corridos de notificada la resolución administrativa resultante de la sustanciación del recurso, o dentro del término previsto en el párrafo precedente en caso de desistimiento del mismo.

Los contribuyentes a los que por haber presentado el recurso precedentemente indicado fuera de término se les acuerde el trámite de denuncia de ilegitimidad respecto de presentaciones efectuadas hasta la fecha de entrada en vigencia de esta resolución general, contarán exclusivamente a estos efectos, con el mismo plazo de ejercicio de la opción de quienes hubieren interpuesto recurso de apelación, desde la notificación de la resolución administrativa que dirima dichas presentaciones, en tanto se cumplan a su respecto las condiciones previstas por la Ley N° 27.346 para su reincorporación al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos precedentes, subsistirán las obligaciones que correspondan al régimen general desde la fecha en que se produjo la exclusión de pleno derecho hasta el momento de la referida reincorporación.

Socios de Sociedades
Los socios de las sociedades adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), a los efectos de su categorización e ingreso de las cotizaciones previsionales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), considerarán como ingresos brutos el importe resultante de dividir el monto de ingresos brutos anuales consignado en el cuadro previsto en el Artículo 8° del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, para la categoría en la cual se encuentre encuadrada dicha sociedad, por la cantidad de socios.

Cuando el socio realice simultáneamente una actividad individual en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), tributará por la categoría correspondiente a esta última siempre que resulte superior a la categoría que corresponda en función del cálculo efectuado conforme lo dispuesto en el párrafo precedente.

De tratarse de un pequeño contribuyente que revista el carácter de jubilado por la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, la cotización previsional con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), será la correspondiente a la categoría A.
Leer también: Monotributo: claves para los trámites que se vienen.
Disposiciones Generales
Se sustituye en el inciso a) del Artículo 2° de la Resolución General N° 2.888 y su complementaria, la expresión “Categoría F, G, H, I, J, K o L” por la expresión “Categoría E, F, G, H, I, J o K”.
Se sustituye en el Artículo 1° de la Resolución General N° 3.936, la expresión “Categorías H, I, J, K y L” por la expresión “Categorías E, F, G, H, I, J y K”.
A partir del día 10 de enero de 2017. Asimismo, se encontrará habilitado a partir de el servicio denominado “Formulario Nº 960/NM” a los efectos de obtener el Formulario Nº 960/NM - “Data Fiscal”.

Aquellos monotributistas que se encontraban al día 31 de diciembre de 2016 alcanzados por las Resoluciones Generales N° 2.888 y N° 3.067 y sus respectivas complementarias, continuarán cumpliendo con las obligaciones allí previstas, aun cuando con motivo de la conversión de oficio o recategorización prevista en el Artículo 5°, encuadraran en una categoría inferior a aquella por la cual resultarían obligados.

Las disposiciones de la Resolución General Nº 3982 entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, y serán de aplicación respecto de lo dispuesto en el Artículo 9°, a partir de las obligaciones fiscales cuyos vencimientos se produzcan en los meses que -según el caso de que se trate- se indican a continuación:
CATEGORIAMES
F y GABRIL DE 2017
EMAYO DE 2017
Referencia Normativa: Resolución General Nº 3982
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Asociación ilícita, enriquecimiento y abuso de autoridad son algunas de las acusaciones que pesan sobre Mauricio Macri.

Y una de èstas -ni la primera ni la más importante- se refiere al Hospital Garrahan.

Macri como jefe del gobierno porteño recortó en los últimos seis años más de 500 millones de pesos del presupuesto del Hospital Garrahan en los últimos seis años.

Entre 2014 y 2015, la Ciudad debía desembolsar $2.225.639.656 y aportó sólo $1.759.450.282.
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El texto completo del fallo del año 2008 que obliga a la ciudad a cumplir con las partidas presupuestarias previstas:

Voces:
DERECHO A LA SALUD - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES -HOSPITALES Y SANATORIOS - PARTIDAS - LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOSAIRES - MEDIDAS CAUTELARES
Partes:
Asociación de Profesionales del Hospital de Pediatría SAMIC c/ GCBA | amparo (Art.14 CCABA)
Tribunal:
Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires
Sala/Juzgado:
4
Fecha:
17-nov-2009
Cita:
MJ-JU-M-52745-AR | MJJ52745
Producto:
MJ,SYD Se ordena al GCBA a que entregue al Hospital las partidas presupuestarias adeudadascorrespondientes al crédito del año 2008 toda vez que la verosimilitud del derecho invocadadebe analizarse desde el punto de vista del derecho constitucional que toda persona tiene a lavida, teniendo presente el hecho público y notorio de la carencia de plazas de terapiasintensivas pediátricas.
Sumario:
1.-Corresponde ordenar al GCBA a que entregue al Hospital las partidas presupuestariasadeudadas correspondientes al crédito del año 2008, reconocido por la demandada, toda vezque no corresponde extremar el rigor de los razonamientos al apreciar los recaudos quehabilitan la concesión de la tutela anticipada, cuando se encuentra en juego la dignidad y lasalud de las personas. En efecto, la dignidad de la persona puede definirse como el centrosobre el que gira la organización de los derechos fundamentales de nuestro ordenconstitucional y no cabe duda que la salud es un valor imprescindible para el desarrollohumano, con una vinculación íntima con el derecho a la vida. 

2.-Cabe ordenar al GCBA a que entregue al Hospital las partidas presupuestarias adeudadascorrespondientes al crédito del año 2008, reconocido por la demandada, toda vez que laverosimilitud del derecho invocada debe analizarse desde el punto de vista del derechoconstitucional que toda persona tiene a la vida y, por ende, a la preservación de la salud,teniendo presente el hecho que es de público y notorio conocimiento la carencia de plazas deterapias intensivas pediátricas en la Ciudad de Buenos Aires.

3.-Corresponde ordenar al GCBA a que entregue al Hospital las partidas presupuestariasadeudadas correspondientes al crédito del año 2008, reconocido por la demandada, toda vezque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha asumido compromisos encaminados a promovery facilitar las prestaciones de salud y no puede desligarse válidamente de esos deberes sopretexto de la inactividad, máxime cuando lo que se encuentra en juego es el interés superiordel niño (art. 3.1. Convención sobre los Derechos del Niño), que debe ser tutelado por sobreotras consideraciones por todos los organismos gubernamentales. 

4.-Cabe ordenar al GCBA a que entregue al Hospital las partidas presupuestarias adeudadascorrespondientes al crédito del año 2008, reconocido por la demandada, toda vez que lapreeminencia asignada a la efectividad de los derechos del niño, a su interés superior, y aldisfrute del más alto nivel posible de salud y tratamiento de las enfermedades (art. 24 de dichaConvención), se articula lógicamente con la promoción de medidas de acción positiva quegaranticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional ypor los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos (conf. art. 75 inc. 23 constitución Nacional). 

5.-Corresponde ordenar al GCBA a que entregue al Hospital las partidas presupuestariasadeudadas correspondientes al crédito del año 2008, reconocido por la demandada, toda vezque en virtud de las obligaciones que las diversas normas legales le han conferido al Estado enmateria de protección de la salud pública, resulta inaceptable que la demandada sea reticentea transferir los fondos que legalmente se encuentra obligada a otorgar al Hospital. Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009 Y vistos los autos del epígrafe venidos a despachopara resolver la medida cautelar solicitada, 

Y CONSIDERANDO: 

I. De las constancias de autos resulta que a fojas 1/4 se presenta la parte actora Asociación deProfesionales del Hospital de Pediatra S.A.MIC, e inicia la presente acción de amparo a fin deque el tribunal ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a dar estricto cumplimiento ala normativa del Decreto nº 815/89, remitiendo al Hospital de Pediatra Prof. Dr. Juan P.Garrahan las partidas presupuestarias que se individualizan en el escrito de inicio y retenidaspor sus autoridades, como así también todas aquellas que no sean enviadas a dicho Hospitalen el recurso de la tramitación de éste, con costas. Sostiene que en virtud de la Ley 17.102 el Poder Ejecutivo Nacional asumió la facultad deconstituir los servicios de atención medica integral para la comunidad (conf. art 4). Indica queel 9 de abril de 1987, se celebró un convenio entre la entonces Municipalidad de la ciudad deBuenos Aires y el Ministerio de Salud y acción Social de la Nación para la constitución del esteHospital de Pediatra S.A.M.I.C. Prof. Dr. Juan P. Garrahan, que fuera ratificado por el Decreton 598/87 del Poder Ejecutivo Nacional y por la Ordenanza 42.016. Relata que concluido elperíodo provisional de funcionamiento de dicho Hospital, el 7 de abril de1989 se celebró unnuevo convenio entre las mismas partes para la constitución definitiva del ente. Informa que el 13 de junio de 1989 se dictó el Decreto nº 815/89 del Poder Ejecutivo Nacional(B.O., 20/6/89) constituyendo en forma definitiva el ente Hospital de Pediatra S.A.M.I.C. Prof.Dr. Juan Garrahan (art. 1) y se ratificó el convenio 07/4/1978 el cual pasó a integrar el cuerpoformativo de este Decreto (art. 2) como Anexo I.Enfatiza que la cláusula 4 del convenioincorporado como Anexo I del Decreto 815/89, prevé expresamente que Las dos para asegurar el funcionamiento del Hospital y su desarrollo y que por el mismo Decreto nº 815/89 se aprobóel estatuto del Hospital en cuyo articulo 17 inciso d se ratifica el origen de los aportespresupuestarios del mismo (Poder Ejecutivo Nacional y la entonces Municipalidad de la Ciudadde Buenos Aires, actual Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Seguidamente se detallan cuales son omisiones en las que ha incurrido el Gobierno de laCiudad de Buenos Aires en relación a su obligación legal de aportar la mitad del presupuestorequerido por el Hospital de Pediatra Prof. Dr. Juan P. Garrahan; indicando que el importe totaladeudado del año 2008 asciende a $16.833.681.77 y del año 2009 asciende a$44.387.019,25.Ofrece prueba y como medida cautelar solicita que: Atento el riesgo inminente en que se hacolocado al normal funcionamiento del Hospital Garrahan a partir del incumplimiento de lalegislación vigente por parte del Gobierno de la Ciudad y los plazos que insumir la tramitaciónde la presente, con el consiguiente incremento del riesgo antes detallado y an de la producciónde los daños que con esta se pretende evitar, solicita que se disponga ordenar al PoderEjecutivo Local que, dentro del perentorio plazo que V.S. fije, se remitan los montos dinerarioscorrespondientes a las partidas no enviadas. Funda en derecho y ofrece prueba. II. A fs. 28 previo a resolver la medida cautelar solicitada se dispuso como medida para mejorproveer se libre oficio al Sr. Ministro de Hacienda a fin de que informe respecto de una serie deítems relacionados con la temática que nos ocupa. III. A fs. 37 toma intervención el Seor Asesor Tutelar Dr.Gustavo Daniel Moreno enrepresentación de los derechos de incidencia colectiva de los niños, niñas y adolescentes queson atendidos o puedan ser atendidos en el Hospital Profesor Dr. Juan P. Garrahan. IV. A fs. 82 el Señor Asesor Tutelar solicitó una audiencia a fin de esclarecer entre otrascuestiones, la incidencia de la falta de oportuna provisión de fondos por parte del Gobierno dela Ciudad al Hospital Garrahan en la eficiente prestación del servicio de salud a susrepresentados. V. A fs. 79 obra un informe suscripto por el Sr. Ministro de Hacienda Néstor Grindetti donde sedesprende que se encontrara pendiente de transferir (con orden de pago emitida) la suma depesos cincuenta y un millones seiscientos setenta y tres mil setecientos ochenta y ocho conochenta y tres centavos ($51.673.788,83) que serán cancelados según lo informado por laDirección General de Tesorera en la Nota N1.297.047-DGTES-09. Dicha nota se encuentraglosada a fs. 78 y establece el cronograma de transferencias al Hospital Garrahan: a) últimasemana de octubre: $10.000.000; b) Mes de noviembre: $20.000.000 y c) Mes de diciembre:$20.000.000. VI. Con fecha 23 de octubre de 2009 se celebró la audiencia cuya acta luceglosada a fs. 92, en la que se encontraban presentes la actora, la demandada representadapor el letrado de la Procuración General de la Ciudad, el Sr. Director General TécnicoAdministrativo y Legal del Ministerio de Hacienda Dr. José Alejandro García, el Presidente delConsejo de Administración del Hospital Garrahan Dr. Alberto Goldberg y la Sra. DirectoraMédica del Hospital Garrahan la Dra. Josefa Rodríguez. En el marco de la audiencia citada el Dr. José García manifestó que del saldo que surge afs.79 ($50.000.000 pesos) se cancelaron $10.000.000 pesos el da 15 de octubre de 2009 y  las partidas no enviadas, con fundamento en lo dispuesto por el art. 177 del CCAyT. VIII. Asíplanteada la cuestión, corresponde en este estado del proceso ponderar la viabilidad de lamedida cautelar pretendida por el Señor Asesor Tutelar en su dictamen a fojas 176. Dentro del acotado margen de conocimiento que admiten las medidas cautelares, cabe,entonces, examinar si se renúen los recaudos que permitan acceder a la aquí solicitada. De acuerdo con el art. 15 de la Ley Nº 2145 -norma que regula el tramite de la acción deamparo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires-, en este tipo de acciones son admisibles,con criterio excepcional, las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar losefectos prácticos de la sentencia definitiva. Para su otorgamiento, el citado precepto legal exige la acreditasen de los siguientespresupuestos: verosimilitud del derecho, peligro en la demora, no frustración del interés publicoy contracautela. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: Si bienel dictado de medidas cautelares no exige un examen de certeza sobre la existencia delderecho pretendido, pesa sobre quien las solicita la carga de acreditar prima facie la existenciade la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resultaexigible que se evidencien fehacientemente las razones que las justifican (v. CSJN, 16-7-96,Líneas Areas Williams S.A. c/ Catamarca, Prov.de s/ Interdicto de retener, citado en Revista deDerecho Procesal 1, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 1999, pg. 405). Por ello, la viabilidad de las medidas precautorias se hallan supeditadas a que se demuestre laverosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora (v. CSJN, 23-11-95, Grinbank c/Fisco Nacional; d., 25-6-96, Prez c/ Estado Nacional s/ acción declarativa deinconstitucionalidad; d., 16-7-96, Frigorfico Litoral Arg. c/ DGI s/ Declaracin de certeza, op. cit.,pg. 405). Por otra parte, se ha señalado que, en tanto el dictado de una medida cautelar importa elanticipo de una eventual sentencia favorable, la verosimilitud del derecho debe surgir demanera manifiesta de los elementos obrantes en la causa, resultando por lo demásimprocedente el análisis exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, cuyanaturaleza y extensión han de ser dilucidadas con posterioridad [CNCont. Adm. Fed., Sala V, inre Correo Argentino S.A. c/ Estado Nacional PEN s/ Medida Cautelar [autnoma], del 16/03/01;con cita del precedente CNCivComFed, Sala I, in re Turisur S.A. c/ Estado Nacional Secretarade Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable Administración de Parques Nacionales s/Nulidad de acto administrativo, del 24/02/2000]. Sin embargo, no corresponde extremar el rigor de los razonamientos al apreciar los recaudosque habilitaran la concesión de la tutela anticipada, cuando se encuentra en juego la dignidad yla salud de las personas. En efecto, la dignidad de la persona puede definirse como el centrosobre el que gira la organización de los derechos fundamentales de nuestro ordenconstitucional y no cabe duda que la salud es un valor imprescindible para el desarrollohumano, con una vinculasen íntima con el derecho a la vida.En oportunidad de referirse aestos derechos, el Alto Tribunal ha expresado que .ningún habitante de la Nación puede serprivado de su dignidad humana (Fallos 313:1262) , que el derecho a la vida es el primerderecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la constituciónNacional (Fallos 302:1284; 310:112); y que .el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo mas allí de su naturaleza trascendente- su persona esinviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479, votos concurrentes). (in re Campodnico deBeviacqua, Ana Carina del 24-10-00, publicado en Jurisprudencia Argentina del 28 de marzode 2001, pgs. 36/47). En este orden de ideas cabe observar que medidas precautorias como la aquí pretendida seencuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios que se podrán producir en casode inactividad del magistrado y podrán tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en laoportunidad del dictado de la sentencia definitiva (Fallos: 320:1633). Esta pauta para la valoración de la procedencia de la tutela cautelar se entronca con elprincipio recogido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas- conforme al cualla necesidad del proceso para obtener razón no debe convertirse en un daño para el que tienela razón (ver García de Enterra, Eduardo, La Batalla por las Medidas Cautelares, Madrid,Civitas, 1995, pgs. 120/121). Por ende, la procedencia de dichas medidas se halla condicionada a que se acredite laapariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita (fumus bonis iuris) y elpeligro en la demora (periculum in mora), que exige evidenciar que la tutela jurdica que laactora aguarda de la sentencia definitiva pueda llegar a resultar inútil por el transcurso deltiempo, configurándose un daño irreparable al actor cuyo derecho es finalmente reconocido.Allíradica el peligro, que junto a una indispensable y an minima apariencia de buen derecho, justifican la anticipación material de tutela judicial que implican los pronunciamientoscautelares. También requiere, en su caso, una contracautela suficiente ante la eventualidad de que lamedida perjudique a la contraria, en caso de que se juzgase en la sentencia definitiva lainexistencia del derecho que esgrime el actor, y a efectos de hacer efectiva la responsabilidadprevista en el art. 188 del Código Contencioso Administrativo y Tributario (conf.Cm.Cont.Adm.Trib., Sala II, 7 de septiembre de 2001, Fernndez, Silvia Graciela y Otros contraG.C.B.A s/amparo incidente de apelacin medida cautelar). Por otra parte, la Corte Suprema de la Nación ha señalado en reiteradas oportunidades que,como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen el examen de lacerteza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es mas, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar,que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual,asimismo, agota su virtualidad (conf. Fallos: 315:2956; 316:2855 y 2860; 317:243 y 581;318:30, 532; 323:1877 y 324:2042, entre otros). La demandada ha reconocido que existe un saldo de crédito correspondiente al ejercicio 2008de $6.833.981,77 destinada al emplazamiento de la terapia intensiva a inaugurarse endiciembre de 2009. En este sentido, si bien queda sentado el compromiso de la demandada desaldar la deuda que mantiene con el Hospital Garrahan respecto del monto de $50.000.000(cincuenta millones de pesos); lo cierto es que al día de la fecha existe una deuda reconocidaen concepto del saldo de crédito correspondiente al ejercicio 2008, aprobado por la H.Legislatura, que asciende a $6.833.981,77; monto que, tal como surge de la audiencia defecha 23 de octubre de 2009, no se encuentra contemplado dentro de los $50.000.000precedentemente citados.Dicho monto de pesos $6.833.981,77, conforme lo declarado en laaudiencia que nos ocupa por Sra. Directora Médica del Hospital Garrahan la Dra. JosefaRodríguez, se encuentra afectado a la terapia intensiva a habilitarse en el mes de diciembre de este año. En tal contexto, la verosimilitud del derecho invocada debe analizarse desde el punto de vistadel derecho constitucional que toda persona tiene a la vida y, por ende, a la preservacin de lasalud, teniendo presente el hecho que es de publico y notorio respecto de la carencia de plazasterapias intensivas pediátricas en la Ciudad de Buenos Aires y que por una omisión arbitrariadel Gobierno de la Ciudad en no transferir fondos adeudados no puedan habilitarse plazas deterapia intensiva pediátrica en la Ciudad de Buenos Aires (del dictamen del Sr. Asesor Tutelar,obrante a fojas 171/176, el destacado se corresponde con el original). Asimismo agrega Es una constante de esta Asesora Tutelar que al concurrir a los HospitalesPediátricos Elizalde y Gutirrez los Directores pongan énfasis en la falta de camas de terapiaintensivas pediátricas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia,de las constancias de autos surge patente el daño que provoca a la prestación de salud de misrepresentados alojados en el Hospital Garrahan la falta de remisión de los fondos adeudadospor $6.833.981,77 por parte del Gobierno de la Ciudad, toda vez que ello conlleva a que nopueda inaugurarse una sala de terapia intensiva; y la consecuente afectación al sistema desalud y ello merece una medida positiva por parte de la autoridad administrativa, por clarasimposiciones constitucionales como las del art. 17 CCABA que garantiza la asistencia apersonas con necesidades básicas insatisfechas, del art. 20 CCABA. que contempla elderecho a la salud integral, y el art.39 que establece la prioridad de las personas menores deedad en las políticas publicas (fojas 173vta/174, el destacado luce en el original). Así tenemos, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha asumido compromisosencaminados a promover y facilitar las prestaciones de salud que requiera la infancia y nopuede desligarse validamente de esos deberes so pretexto de la inactividad, máxime cuando loque se encuentra en juego es el interés superior del niño (art. 3.1. Convención sobre losDerechos del Niño), que debe ser tutelado por sobre otras consideraciones por todos losorganismos gubernamentales (fojas 174, el destacado esta en el original). Por otra parte, la preeminencia asignada a la efectividad de los derechos del niño, a su interéssuperior (art. 3.1. Convención sobre los Derechos del nyo), y al disfrute del mas alto nivelposible de salud y tratamiento de las enfermedades (art. 24 de dicha Convención), se articulalógicamente con la promoción de medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce yejercicio de los derechos reconocidos por la constitución Nacional y por los tratadosinternacionales vigentes sobre derechos humanos (conf. art. 75 inc. 23 constitución Nacional).La Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re Campodnico de Beviacqua, Ana Carinac/Ministerio de Salud y acción Social Secretara de Programas de Salud y Banco de DrogasNeoplsicas s/Recurso de Hecho del 24/10/2000) sostuvo: .16) Que a partir de lo dispuesto enlos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, de la LeySuprema), ha reafirmado (refiriéndose a la propia CSJN.) en recientes pronunciamientos elderecho a la preservacin de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y ha destacadola obligación impostergable que tiene la autoridad publica de garantizar ese derecho conacciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga(Fallos:321:1684 y causa A.186 XXXIV Asociación Benghalensis y otros c/Ministerio de Saludy acción Social Estado Nacional s/amparo ley 16.986 del 1 de junio de 2000, mayora y votosconcurrentes y dictamen del seor Procurador General de la Nación a cuyos fundamentos seremiten); 17) Que los aludidos pactos internacionales contienen cláusulas especificas que resguardan la vida y la salud de los niños, según surge del art. VII de la Declaración Americanade los Derechos y Deberes del Hombre, del art. 25 inc. 2 de la Declaración Universal deDerechos Humanos, de los arts. 4 inc. 1 y 19 de la Convención Americana sobre DerechosHumanos Pacto de San José de Costa Rica, del art. 24 inc. 1, del Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos, y del art. 10 inc. 3 del Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales, vinculados con la asistencia y cuidados especiales que seles deben asegurar. Nuestro país ha ratificado, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales, el cual reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar del masalto nivel posible de salud física y mental, as como el deber de los Estados parte de procurarsu satisfacción. Los Estados se han obligado hasta el máximo de los recursos de quedispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos endicho tratado (art. 2 inc. 1) (fojas 174vta.). En virtud de las obligaciones que las diversas normas legales le han conferido al Estado enmateria de protección de la salud publica, resulta inaceptable que la demandada sea reticentea transferir los fondos que legalmente se encuentra obligada a otorgar al Hospital Garrahan(conf.cláusula 4 del convenio incorporado como Anexo I del Decreto 815/89, y articulo 17inciso d de la misma norma), en este caso los fondos adeudados por $6.833.981,77, enconcepto de saldo del ejercicio 2008 (fojas 174vta.). Ahora bien, en cuanto al peligro en la demora, resulta manifiesto a partir del daño que sufrenirreversiblemente mis representados, por la falta de transferencia de los fondos adeudados,toda vez que ello impide que pueda inaugurarse en el hospital una nueva sala de terapiaintensiva prevista para diciembre de este año (fojas 174vta./175). Téngase en cuenta la jurisprudencia que establece que a mayor peligro en la demora, cabe sermenos exigente con la acreditasen de la verosimilitud del derecho y viceversa, como tambiénaquella que señala que si mediante el dictado de una medida cautelar, no se afecta un serviciopublico, ni la acción estatal, ni el interés publico, cabe proceder con amplitud de criterio en laprocedencia de esa medida, pues resulta preferible el exceso en acordarla que la estrictez oparquedad en negarla, dado que existe en el caso menor perjuicio en otorgarla que endenegarla (conf. doctrina sentada por la C.N.Cont.Adm.Fed., Sala I, in re Procacini c/ E.N., del28/4/98, entre otros). Ello, dentro del limitado marco cognoscitivo con que el juzgador debe resolver este tipo demedidas, ya que como lo ha señalado la C.S.J.N., la pretensión que constituye el objeto de lacautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida enel proceso principal sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia delderecho discutido (in re Estado Nacional c/ Prov. de Ro Negro s/ Solicitud de medidascautelares del 24-7-91, d., Universidad Nac. De Mar del Plata c/ Estado Nacional s/ accióndeclarativa de inconstitucionalidad del 19-5-97; citados en Revista de Derecho Procesal I,Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 1999, pg. 419) (fojas 175). Con relación a las Deudas generadas por:1) el Acta Paritaria del 3/06/09 en la que se acuerdala implementación de la Carrera Hospitalaria a partir del 1/01/2009 y el aumento salarial apartir del 1/06/09 por el monto de $10.102.080,30 pesos 2) el Acta Paritaria del 20/05/2008 enla que se acordó implementar una nueva carrera hospitalaria a partir del 1/01/2009 y unaumento salarial retroactivo al 1/03/2008 por el monto de $16.218.230,77 de pesos. 
Ambas deudas no estarán reconocidas por el Ministerio de Salud. Del acta labrada en virtud de laaudiencia llevada a cabo con fecha 23 de octubre de 2009, las autoridades del Hospitalmanifestaron que se encuentran pendientes de pago por parte de la demandada al HospitalGarrahan $26.000.000 de pesos ligados a un acuerdo paritario homologado en el mes demayo por el Ministerio de Trabajo, de los cuales $10.000.000 corresponden a un aumentosalarial y $16.000.000 a la carrera hospitalaria, deuda que conforme lo manifestado por lospresentes, no se encuentra reconocida por el Ministerio de Salud. A fs. 166 la actoraespecifica exactamente los montos adeudados en tales conceptos: 1) el Acta Paritaria del3/06/09 en la que se acuerda la implementación de la Carrera Hospitalaria a partir del1/01/2009 y el aumento salarial a partir del 1/06/09 por el monto de $10.102.080,30 pesos 2)el Acta Paritaria del 20/05/2008 en la que se acordó implementar una nueva carrerahospitalaria a partir del 1/01/2009 y un aumento salarial retroactivo al 1/03/2008 por el montode $16.218.230,77 de pesos. Ambas deudas no serán reconocidas por el Ministerio de Salud.Dicha deuda se encuentra respaldada por la documental acompaña por la demandada a Ash.100/165:Resolución Nº 319/09 del Consejo de Administración por la que se aprueba la CarreraHospitalaria y el aumento salarial; Disposición Nº 117/09 de la Dirección Nacional deRelaciones del Trabajo, por la que homologa el acuerdo de negociación paritaria; Acta paritariadel 03/06/2009 en la que se acuerda la implementación de la Carrera Hospitalaria a partir del01/01/2009 y el aumento salarial a partir del 01/06/2009; Resolución Nº 70/08 de laSubsecretaria de Relaciones Laborales, por la que se homologa el acuerdo de negociaciónparitaria y Resolución Nº 303/08 del Consejo de Administración por la que se aprueba elaumento salarial retroactivo al 01/03/2008; Acta paritaria del 20/05/2008 en la que se acordóimplementar una nueva Carrera Hospitalaria a partir del 01/01/2009 y un aumento salarialretroactivo al 01/03/2008. Cabe destacar que los acuerdos arribados en paritarias homologadas por el Ministerio deTrabajo de la Nación, como ocurre en estos autos y como sostiene el Asesor Tutelar en eldictamen, son de cumplimiento obligatorio (conf. arts. 8 y 14 de las Leyes Nros. 14.250 y23.546 y sus respectivas modificatorias. Convenciones Colectivas. Comisiones Paritarias.mbitos de negociación Colectiva. Articulación de los Convenios Colectivos. Convenios deEmpresas en Crisis. Fomento de la negociación Colectiva. Procedimiento para la negociaciónColectiva, con lo cual mal puede el Ministerio de Salud de la Ciudad desconocer la deudaoriginada en los convenios a los que se hace referencia en el párrafo anterior, que asciende entotal a $26.320.311,07 pesos.Dicha deuda tiene origen en pretensiones salariales y en lacarrera hospitalaria del Hospital Garrahan; tal como surge del acta labrada con fecha 23 deoctubre del corriente el Hospital cuenta actualmente con 3.000 trabajadores, donde egresanalrededor de 19.500 pacientes por año, se realizan alrededor de 10.000 cirugías anuales de lascuales 950 son neurocirugías y 950 son cardiocirugas, siendo el Hospital de PediatraS.A.M.I.C. Prof. Dr. Juan P. Garrahan el único centro de Latino America que coloca corazónartificial y donde se atienden el 40% de los niños con cáncer del pasó. Por ello, sostiene el Asesor Tutelar que en este contexto los conflictos gremiales que pudierangenerarse en relación al incumplimiento de los acuerdos paritarios citados en este punto,perjudicaran sin lugar a dudas la correcta prestación de los servicios tan valiosos que presta elHospital Garrahan por lo cual este ítem también es objeto de una petición cautelar como laesgrimida en el punto 2.2 a cuyos argumentos jurídicos, el peticionante se remite. En resumen, el Asesor Tutelar ha solicitado las siguientes disposiciones cautelares: 1) Seordene al G.C.B.A. (Ministerio de Hacienda) remita al Hospital de Pediatra S.A.M.I.C. Prof. Dr.Juan P. Garrahan los fondos correspondientes a la deuda reconocida por la demandada en estos actuados, en concepto del saldo de crédito 2008, que asciende a $6.833.981,77 pesos,los cuales, conforme lo reseñado por la Sra. Directora del Hospital, se encuentran destinados ala inauguración de una sala de terapia intensiva en el mes de diciembre. Asimismo, se ordenea la demandada, informe detalladamente al Juzgado, dentro del las 72 horas de notificada, elcumplimiento pormenorizado de la medida cautelar; 2) Ordenar al G.C.B.A. (Ministerio deSalud) el reconocimiento de las deudas generadas por:1) el Acta Paritaria del 3/06/09 en laque se acuerda la implementación de la Carrera Hospitalaria a partir del 1/01/2009 y elaumento salarial a partir del 1/06/09 por el monto de $10.102.080,30 pesos; 2) el ActaParitaria del 20/05/2008 en la que se acordó implementar una nueva carrera hospitalaria apartir del 1/01/2009 y un aumento salarial retroactivo al 1/03/2008 por el monto de$16.218.230,77 de p esos. además se ordene a la demandada, informe detalladamente alJuzgado, dentro del las 72 horas de notificada, el cumplimiento pormenorizado de la medidacautelar. Finalmente, no corresponde en el caso exigir contracautela alguna, por tratarse elpeticionante de las cautelares a disponer, un integrante del Ministerio publico. Por lo expuesto, RESUELVO hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas por el Sr. AsesorTutelar y en consecuencia ordenar al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES que:1) remita al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. Prof. Dr. Juan P. Garrahan los fondoscorrespondientes a la deuda reconocida por la demandada en estos actuados, en concepto delsaldo de crédito 2008, que asciende a $6.833.981,77 pesos, en el plazo de DIEZ das hábilesadministrativos, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias; 2) realice los actosnecesarios tendientes el reconocimiento de las deudas generadas por: a) el Acta Paritaria del3/06/09 en la que se acuerda la implementación de la Carrera Hospitalaria a partir del1/01/2009 y el aumento salarial a partir del 1/06/09 por el monto de $10.102.080,30 pesos; b)el Acta Paritaria del 20/05/2008 en la que se acordó implementar una nueva carrerahospitalaria a partir del 1/01/2009 y un aumento salarial retroactivo al 1/03/2008 por el montode $16.218.230,77 de pesos. Ello dentro del plazo de DIEZ das hábiles administrativos y bajo apercibimiento de imponersanciones conminatorias; 3) Regístrese, notifíquese y cúmplase.

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A metros de la Villa 20, en un predio del gobierno porteño, funciona un exclusivo club de golf que paga menos de 1400 pesos de alquiler por hectarea, casi la mitad de lo que se paga por rentar una pieza en el barrio.

De este lado de la reja, las viviendas faltan, la precariedad sobra y el Estado porteño, cuando no brilla por su ausencia, aparece para desalojar a los vecinos que ocupan terrenos por desesperación. Mientras tanto, del otro lado, la elite de la sociedad se divierte jugando al golf en el exclusivo club privado José Jurado, de 46 hectáreas, ubicado en un terreno público que pertenece al gobierno porteño, y cuya concesión venció en 2011.
Es decir, sobre terrenos tan usurpados como los que fueron ocupados por los vecinos de la villa 20 hace un año, de no ser por la habilitación de uso de precario que, desde el gobierno porteño, le otorgaron para que los negocios continuaran.

Hoy, esos curiosos negociados, lejos de desaparecer, tienden a seguir su curso: de cara a las olimpíadas juveniles del año 2018, es probable que una de las sedes sea la del Club de Golf José Jurado, pese a que la administración construyó edificación en un espacio público, a operar con un permiso vencido hace ya 4 años, y a pesar también de las graves denuncias que pesan en su contra: según constató la Fundación Alameda, el club José Jurado tiene juicios por emplear en negro, acumula una deuda superior a los $100.000 ante la ANSES y construyó y subalquiló sobre un terreno público un estacionamiento, un bar y un local de accesorios para practicar el deporte.
Leer también: las 214 denuncias que tiene Mauricio Macri en la Justicia.
La presentación judicial realizada por el legislador Gustavo Vera, de Bien Común y representante de la Alameda, carga contra la ex directora de Concesiones, Silvia Imas, y todos los funcionarios competentes en el proceso, acusados del delito de defraudación a la administración pública y defraudación a terceros: "Por haber aceptado la privatización de un parque que además viola el Código de Planeamiento Urbano por la construcción de dos locales en una zonificación que figura como Urbanización Parque (UP), y una ordenanza", especifica la denuncia, que ya fue aceptada y ratificada por el juzgado de instrucción 48, a cargo de la Jueza Alicia Mercedes Iermini, y que actualmente se encuentra en el proceso de recolección de pruebas, según contaron fuentes judiciales allegadas a El Destape.

Los insólitos precios que el club José Jurado le paga al gobierno porteño:
Para acceder como socio permanente al club, es necesario pagar una membresía que ronda los $12.000, y realizar un aporte mensual de $1570. Además, la empresa subalquila en forma ilegal la confitería, el restaurant y, hasta hace unos meses, una tienda de accesorios deportivos. Pese al enorme negocio, el canon que la empresa le pagó al gobierno porteño por la explotación del lugar en los últimos años resultan insólitos: por el ejercicio 2011, la empresa pagó al GCBA $60.000 de canon, pero cobró por el uso de la confitería y la tienda de accesorios $142.500. En 2012, en cambio, pagó $180.000 de canon y cobró de los subalquileres $160.800. Es decir, que le restó pagar de "su bolsillo" $20.800. Por último, en el ejercicio 2013, le otorgó al GCBA $54.000.
"Pese a figurar como una asociación sin fines de lucro, la empresa cobra 12 mil pesos para asociarse al club, lucra con la entrada, el estacionamiento, el bar y el local de accesorios, que fueron construidos a pesar de que violaba el Código de Planeamiento Urbano", afirmó Lucas Schaerer, vocero de la organización La Alameda, quien se mostró preocupado por las nuevas licitaciones: "Resulta insólito que, con todas irregularidades que pesan en su contra, con la denuncia presentada y ratificada en el juzgado contra este negocio, se siga habilitando a la construcción ilegal de comercios dentro del predio", detalló.

El año pasado y tras la denuncia presentada por Vera, el PRO realizó un intento por regularizar y "blanquear" el enorme negociado: un proyecto de ley en la Legislatura porteña, que proponía otorgarle la concesión para explotar el espacio al Club José Jurado por, ni más ni menos, que por 20 años. Mientras que, la oposición, propuso que las tierras vayan a los vecinos de la zona de Lugano, que cuentan con serios problemas habitacionales, y que el año pasado fueron desalojados del predio contiguo al club para fundar el asentamiento Papa Francisco.

Aquel proyecto terminó en una sesión escandalosa y vergonzosa: el legislador Ramal fue amenazado de muerte por parte del legislador Quattromano, luego de denunciar que el proyecto para la explotación de los terrenos era una maniobra ilegal y fraudulenta para favorecer a empresarios amigos. Tras ello, el PRO propuso guardar el proyecto en Secretaría para ser tratado en otra ocasión y pidió levantar la sesión:

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Los factores se repiten: hambre, desamparo ante los pedidos de ayuda y falta de presencia por parte del Estado. Un dato no menor es que Néstor era de la comunidad QOM de la provincia de Chaco y Marcos era de la comunidad Wichi de Salta. Los pueblos originarios continúan con la historia de los “Casos aislados”.

Néstor Femenia tenía solo 7 años cuando dijo basta a causa de la tuberculosis que padecía. ¿Quién o quiénes son los responsables por la muerte de un pequeño que muere de hambre? El municipio del Valle de Río Bermejito era el lugar donde él vivía con su familia. El lote 39 era su casa. Néstor no pudo ser atendido por el médico del Hospital de Villa Río Bermejito, sino por el médico indígena de su comunidad. Las causas de esto, la ausencia de recursos.

Al agudizarse su enfermedad, su familia logró que sea atendido en Villa Río Bermejito por la doctora Miriam Benítez, que propuso la derivación de Néstor a un centro de mayor complejidad. Ante la negativa del Hospital, la posición tomada por Benítez, fue hacer cargo a los padres de la decisión que se tome con Néstor. Finalmente, hubo un abandono hacia la familia Femenia, porque la doctora no se hizo responsable respecto de lo que estaba pasando, no actuó en consecuencia y Néstor murió.

Se argumentó por parte del Hospital que los padres de Néstor no enfocaron de manera gradual el tratamiento para su enfermedad. ¿La culpa es de los padres?

En mayo del 2014, los pobladores de Villa Rio Bermejito, habían solicitado al Ministro de Salud de Chaco, Antonio Morante, una reunión urgente tras las escasas -casi nulas- medidas de prevención sanitarias que veían en la población de la zona. La solución a la falta de medicamentos e insumos básicos en la localidad no fue saldada, pese a las promesas de siempre. El resultado, la muerte de Néstor.

Ana Gabriela Ocampo era auxiliar de enfermería del Hospital de Villa Río Bermejito. Su área se encargaba de tratar a los pacientes con tuberculosis y mal de Chagas. Ante las reiteradas peticiones de Ocampo para que se provea al Hospital de medicamentos, para palear estas enfermedades de gran delicadeza, la respuesta de sus autoridades fue el despido. Según informó el Centro Mandela de la provincia de Chaco, la explicación que dieron fue “era muy insistente en el tema”.
Leer también: Luisa Calcumil con la voz de la antigua sabiduría mapuche heredada de sus "queridos antiguos".
Hasta acá el análisis que se puede hacer sobre las responsabilidades de la muerte de Néstor de 7 años de edad están bastante claras. De ahora en más ¿cuáles van a ser las respuestas para los pobladores de Villa Río Bermejito?, ¿cuáles serán las prioridades de las autoridades sanitarias? No olvidemos que Jorge Capitanich gobernó la provincia de Chaco por dos periodos consecutivos (2007-2011 y 2011-2013) y fue él quien declaró que este “era un caso aislado”. Un funcionario de la nación, hoy Jefe de Gabinete de la presidencia.

Alguien que tiene muy presente los problemas sanitarios y económicos que viven las comunidades originarias de su provincia. Una vez más, miró hacia otro lado.
El segundo caso es el de Marcos Solís, quien el 1 de Marzo debería cumplir dos años. Era de una comunidad originaria Wichi, Morillo, provincia de Salta. La causa de su muerte fue “desnutrición severa”. El Hospital donde estuvo por última vez fue San Vicente de Paul en Orán (Salta). Al poco tiempo de ser ingresado, sufrió un paro cardiorrespiratorio. En el mismo lugar, actualmente hay seis casos más de niños internados por desnutrición.

Morillo actualmente tiene 9 mil habitantes y los médicos que trabajan en el hospital son tres.
Doce kilos debía ser el peso de Marcos a su edad, sin embargo, era de ocho kilos. En declaración al diario salteño “El Tribuno” la periodista de esa provincia, Silvana Brezina, afirmó: “según fuentes que no puedo revelar, porque las echarían, ahora no les permiten a los médicos poner en el certificado de defunción la palabra desnutrición. A cambio tiene que decir distrofia”.

Recordemos que en octubre del año pasado se registró la muerte de Liliana Sarmiento. Tenía un año y cuatro meses de edad. La información había llegado en su momento de la mano del obispo de Orán, Gustavo Zanchetta, a través de un escrito que hizo público. La atención sanitaria sigue siendo la gran falencia para las comunidades originarias. Una espera que ya se cobró tres vidas de pequeños que ya no son “casos aislados”, como supo afirmar Jorge Capitanich hace pocos días en conferencia de prensa.

En consecuencia, los casos más recientes de Marcos y Néstor sumado al de Liliana del año pasado sumado a las funciones que debe tener el Estado provincial y nacional para con las comunidades originarias, dan como resultado la ausencia total y no se visibilizan aún vientos de cambio.
Los casos de Chagas, Tuberculosis y “desnutrición severa” se siguen repitiendo. La respuesta sanitaria no aparece. Los integrantes de las comunidades originarias no son bien recibidos en los hospitales. El denominador común que sigue latente es la pobreza. La pregunta que tantos de ellos como nosotros (Ancap) nos hacemos es ¿hasta cuándo?
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“Empezarán los buitres a inventar mentiras, mientras los hombres y mujeres honrados del mundo llorarán”, escribió Paquita Armas Fonseca, periodista de la tevé cubana, pocas horas después de la infausta noticia.

Murió Fidel. Murió quien ha sido el conductor siempre inspirado y valiente para sostener los valores de la revolución. Embelleció esa palabra y le dio un sentido como el que jamás había alcanzado.

En cada cubano, hubo, hay y habrá un sentido de la dignidad que es inalcanzable para el resto de los latinoamericanos. Fidel, para la generación que integró Cuba será para siempre la prueba fehaciente de que los sueños juveniles de un mundo más justo eran posibles.
ElCheyFidel
La modesta aproximación de estos años, cuando el neoliberalismo cedió terreno ante el progresismo ahora tambaleante, está realizando el trámite de su nuevo y su doloroso exilio.

Se diluye poco a poco la esperanza, aun si algunos países se resisten el tsunami de las corporaciones.

 Y en ese eclipse de la ilusión, es que renace la exaltación más fervorosa de los valores impulsados por Fidel.
Leer también: Las 214 denuncias que tiene Mauricio Macri en la Justicia.
El abrupto cierre de época que registra el continente es la demostración de la grandeza de Cuba. Ante el adversario impiadoso que pone de rodillas a cada país de la región, Cuba vuelve a ser la demostración más palpable de que otro mundo es posible. Sin Cuba creeríamos que se trata de una simple utopía, irrealizable e ingenua, una idea literaria, un malabar de la poesía.

Pero, cuando todo parece perdido, queda Cuba. Siempre Cuba. Para que América no se resigne, no se entregue, no se doble. Para que los valores sustentados por Fidel y el Che, sigan siendo los pilares de la resistencia. Por eso, cada uno de estos días tan especiales, de luto y de despedida, serán una demostración de la gratitud que sentimos por Fidel. El sentimiento partirá de cada rincón de la América Latina inconclusa para llegar a los bordes de la isla en cada caricia de las olas del Caribe.
fuente: VHM
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