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El mercado mundial de soja no para de dar sorpresas. Tras el anuncio del gobierno de China sobre la aplicación de un arancel del 25% a las importaciones procedentes desde Estados Unidos , en medio de una disputa comercial bilateral mucho más profunda, el hecho que ayer llamó la atención de propios y extraños fue el anuncio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) sobre una venta de soja estadounidense a la Argentina por 120.000 toneladas, la primera confirmada por el organismo en 20 años.

soja

Con el clásico hermetismo que distingue al sector exportador de granos, ninguna fuente se atrevió a precisar qué firma fue la compradora de la soja. "El negocio excedió las 120.000 toneladas confirmadas por el USDA, dado que a esa operación le sucedieron entre dos y tres negocios más por volúmenes próximos a las 65.000 toneladas cada una", explicó en estricto off de record a LA NACION una fuente del sector exportador. Por ley, en Estados Unidos los exportadores deben informar solo las ventas de granos que igualen o superen las 100.000 toneladas.

Otra fuente del sector comercial, que se excusó de revelar el nombre de la firma importadora, agregó que el margen que le brindó al comprador la soja estadounidense que le llegará en noviembre es igual al que obtendría comprando soja (contrato noviembre) a través del Mercado a Término de Buenos Aires. "Pero el mayor beneficio que evaluó y tomó este comprador fue el volumen. En el mercado local ninguna fábrica logra adquirir en un solo día y de un solo vendedor 120.000 toneladas. A mismo margen, el volumen hace la diferencia para los grandes jugadores del mercado", detalló.

I. La creciente importancia del cultivo de soja.

La producción de soja y sus derivados es actualmente una de las actividades más dinámicas de la economía argentina. Se introdujo a mediados de los años ‘70, etapa en la que este cultivo comenzó a tener escala comercial local. En tanto experiencia inédita en el nivel internacional en términos de la velocidad de adopción del nuevo cultivo como base para la generación de ventajas competitivas, actualmente se ha convertido en la principal producción del agro argentino. La cosecha 2011/2012 alcanzó las 40 millones de toneladas, habiendo alcanzado un pico de 52 millones en la cosecha 2009/2010, superando de manera holgada a la suma de las cosechas de trigo, girasol y maíz.

En paralelo, también se ha incrementado año a año la capacidad de procesamiento del grano, tanto a través de inversiones para aumentar la capacidad de molienda, como en la mejora de los puertos para exportación.

El grueso de la producción de soja, ya sea como grano, aceite o sus derivados, se exporta. Asimismo se trata de un sector que tiene relevancia fiscal, especialmente por los impuestos al comercio exterior.

Como se visualiza en el Gráfico 1, la producción de soja creció más aceleradamente que la producción de maíz, trigo y girasol desde finales de los años ‘90. Este despegue de su producción durante la postconvertibilidad responde a distintos factores, entre los que se encuentra el gran incremento de los precios internacionales de los commodities, y en especial de la soja, junto con la introducción de un nuevo paquete técnico y su consecuente modelo de organización de la producción.

Las innovaciones tecnológicas tuvieron que ver con la difusión de la utilización de semillas transgénicas y la siembra directa, mientras que la organización de la producción supuso una creciente separación de la propiedad de la tierra de quien desarrolla las actividades, lo que significó una masiva contratación de servicios de la mano del surgimiento de poderosos pooles de siembra que concentraron la explotación de la tierra.

Para cuando comienza el ciclo de gobiernos kirchneristas la soja ya ocupaba el 46% de la superficie sembrada del país (Teubal y Giarraca, 2005). Entre el año 1982 y el 2003 la superficie sembrada de soja se multiplicó por seis, pasando de ocupar algo más de 2 millones de hectáreas a 12, 6 millones de hectáreas en el 2003.

Las nuevas condiciones de precios relativos, sumadas al favorable contexto internacional, dieron como resultado un nuevo dinamismo productivo que lleva a la actividad a niveles superiores a los 38 millones de toneladas.

Este comportamiento fue el resultado de:

i. la difusión masiva de un nuevo paquete agronómico articulado por la semilla transgénica (y complementado por la siembra directa y el uso de fertilizantes y herbicidas);

ii. la consolidación de una nueva forma de organización de la producción –la trama– incluyendo ahora no sólo la actividad primaria sino también la industria y los servicios (con los consecuentes impactos sobre el nivel y la tipología de la ocupación);

iii. las favorables condiciones de precios relativos;

iv. la preexistencia de una base tecnológica, productiva y empresaria.

Grafico 1

Grafico 2

Observando el Grafico 2, se visualiza que, desde mediados de los ’90, el rendimiento de los tres principales cultivos de nuestro país ha tenido un importante incremento, con mayores toneladas producidas en la misma cantidad de hectáreas. En esta línea, la incorporación de equipamiento de alto desarrollo tecnológico, los nuevos métodos de siembra y cosecha, y el avance de las semillas transgénicas, han sido elementos coadyuvantes en el aumento del rinde.

Naturalmente el crecimiento muestra altibajos, producto de que todavía la incidencia climática es demasiado alta (las sequías, lluvias extremas, piedras, entre otras causales, pueden generar una mala cosecha más allá de los avances tecnológicos con los que se cuente). Es importante señalar que el gráfico 2 ilustra el comportamiento de estos productos a nivel nacional, con lo que debe señalarse que en las zonas núcleo el rendimiento por hectárea ha tenido un salto de mayor cuantía. Esto se conjuga con la expansión de una frontera agrícola en los últimos años, a partir de la utilización de tierras que no cuentan con las mismas características en materia de fertilidad.

Con el objetivo de evidenciar con mayor claridad el impacto de la introducción de la soja transgénica en Argentina, a continuación presentamos dos gráficos (3 y 4) que ilustran el antes y el después de 1996, en la superficie sembrada de soja, girasol y trigo.

Grafico 3

Garfico 4

A priori, se extrae de ambos gráficos 3 y 4, el hecho del continuo crecimiento del cultivo de soja en ambos subperíodos (1991-1996 y 1997-2014). Pero en este contexto es marcado el despegue de la superficie sembrada de soja desde 1996, en el marco de un la desregulación agraria realizada vía decreto en el 1991 por el presidente Carlos Menem. Esto provocó una multiplicación por cuatro de la producción de soja.

Asimismo, y a pesar del aumento de los rindes de trigo y girasol (como veíamos en Grafico 2), ambos cultivos cayeron en sus niveles de producción (descendiendo a la mitad entre las cosechas del 1996/97 y la 2013/2014). El trigo, que ocupaba 7.3 millones de hectáreas pasó a ocupar 3.6 millones; el girasol se redujo de 3.1 a 1.3 millones de hectáreas y en el caso de la soja, en el mismo período pasó de ocupar 6.7 millones de hectáreas a 19.8 millones.

II. ¿Por qué ocurre el proceso de sojización?

Entendemos que el proceso de sojización experimentado en Argentina no es un fenómeno simple y monocausal. Intentamos delinear algunos factores intervinientes en el mismo.

Nuevo orden jurídico

El año 1991 marca un punto de inflexión en el agro argentino, donde a partir de un Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo, se modifica de cuajo el orden jurídico, quedando el Estado argentino prácticamente sin herramientas de intervención en el sector agrario. A partir de esa medida fueron eliminadas: la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, el Instituto Forestal Nacional, el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, la Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de Yerba Mate, el Mercado Consignatario Nacional de Yerba Mate y la Dirección Nacional del Azúcar. Asimismo, se adoptaron medidas dirigidas a la liberación de cupos de siembra, cosecha, elaboración y comercialización de caña de azúcar y azúcar, yerba mate, viñedos, uva y vino, organismos que tenían por finalidad regular la actividad agraria (Díaz Ronner, 2001).

A partir de esta nueva regulación que liberó el sector, la producción se orientó por la rentabilidad de los cultivos, alejándose de las necesidades de consumo local.

Ingreso soja transgénica y nuevo paquete tecnológico

En el año 1996 se produce un ingreso al mercado argentino de la semilla de soja transgénica, comercialmente conocida como la semilla “RR”: Roundup Ready.

El nuevo paquete tecnológico se difundió rápidamente dando lugar a una reconfiguración productiva cuyo resultado concreto fue la ampliación de la producción de granos. Esto último fue acompañado por nuevas inversiones en la industria de la molienda lo cual reforzó el modelo traccionado por la demanda internacional.

En el nivel productivo, el promedio de los 12 millones de toneladas de la primera mitad de los ‘90, fue rápidamente superado, a punto tal que en 2002 se había duplicado la producción respecto de 5 años atrás (Bisang, 2005).

La semilla RR, comercializada por las empresas multinacionales, fue alterada genéticamente para resistir al glifosato, un potente herbicida que acompaña el cultivo. A partir de estas transformaciones tecnológicas, la producción de soja queda estrechamente vinculada a la utilización del “paquete tecnológico” que combina estos tres elementos: la utilización del glifosato se conjuga con la siembra directa mecanizada y con la semilla transgénica.

La producción de soja, que creció desde principios de los ’90, y alcanzó en 1995 un período de amesetamiento, comenzó a despegar entonces hacia 1996 (como se visualiza en el grafico 4), ocupando más hectáreas y aumentando sus toneladas producidas.

A su vez, la utilización de este paquete tecnológico tuvo un impacto determinante en la productividad por hectárea. Entre 1997 y 2002, en la zona núcleo sojera, el rinde promedio fue de 27,9 quintales por hectárea, mientras que entre 2003 y 2014 el rinde promedio fue de 34,7 quintales por hectárea, alrededor de un 20% superior. Por su parte, los rindes promedio del girasol y el maíz también aumentaron.

Grafico 5

Analizando el gráfico 5 que refleja la evolución de los precios internacionales de los principales commodities, se observa que tres de los cuatro commodities con precios más altos desde los años 1990 a 2013 son las semillas de soja y sus derivados: aceite de soja, pellets de soja y semillas de soja.

En esta línea, a la vez que las características de precio y demanda internacional generaron condiciones propicias para el aumento de la producción de soja, la completa liberalización del mercado local permitió la profundización de este avance. En ese contexto la soja y sus derivados alcanzó valores de venta más altos que el resto de los commodities, con una demanda en fuerte crecimiento.

III. Impactos

Aumento del precio de la tierra

Como revela el gráfico 6, entre 2001 y 2013, el valor de la tierra en Argentina creció, medido en dólares, un 363%. Este crecimiento, basado fundamentalmente en el aumento de los precios internacionales de los commodities, no se comportó de manera homogénea en términos de cultivos en todo el país. Si en la zona núcleo sojera el valor de la tierra se multiplicó por cinco, el crecimiento del valor en la zona núcleo triguera el aumento fue bastante menor.

En esta línea, el valor de la tierra se ha ido adecuado a la tasa de ganancia de estos productos, generando, por un lado, un sector de propietarios rentistas y, por otro, una canalización de los productores hacia este tipo de cultivo.

Concentración de la tierra.

Esta nueva situación fue reformando estructuralmente la composición del sector agropecuario de nuestro país, en donde el pequeño y el mediano productor fueron teniendo cada vez menos espacio y participación.

Como muestra el Gráfico 6, entre los censos de los años 1988 y del 2002 podemos ver cómo han ido desapareciendo las explotaciones agropecuarias de menor tamaño y, al mismo tiempo han ido creciendo aquellas explotaciones más grandes. Esto muestra una de las consecuencias terribles que tuvo el neoliberalismo en lo rural, concentrando la propiedad de la tierra como nunca antes. Se visualiza un marcado incremento de las explotaciones que superan las 1000 hectáreas y alcanzan las 5000 has, asimismo se revela un aumento de las explotaciones con más de 20 mil has. En paralelo, se redujeron prácticamente en una misma proporción todas las explotaciones con menos de 500 has., reflejando una palmaria destrucción de la pequeña producción. Reforzando esta tendencia y para el período de la postconvertibilidad, el reciente informe de la ONG Grain “Los Hambrientos de la Tierra” (2014) indica que Argentina perdió el 18% de sus fincas entre 2002 y 2008.

Concentración exportadora

Como revela el grafico 8, ha crecido con fuerza desde la devaluación del año 2002 el peso de las exportaciones del complejo sojero sobre el total de las exportaciones del país, medido en dólares. Esto se conjuga con una realidad dada por la concentración de estas exportaciones en un número reducido de empresas:

• Las cinco primeras explican el 66% de las ventas externas.

• Las diez primeras dan cuentan del 96%.

Comportamientos especulativos

Las prácticas de retención de la cosecha de parte de un puñado de empresas exportadoras (sólo 8 explican la salida de granos al exterior) se han manifestado con claridad a fines de 2013 (a la vez que el adelanto de importaciones). Se encontró “alentada” por una devaluación a cuentagotas conjugada con una tasa de inflación siempre superior a la tasa de interés.

V

Luego de la devaluación de enero de 2014 se efectuó una importante liquidación de la cosecha (de manera anticipada respecto a años anteriores) que cayó hacia mitad de año, con productores y exportadores reteniendo una parte importante de la misma. Sin embargo, el precio de la soja tocó un piso de 350 U$S la tonelada, que implicó un ingreso no realizado de U$S 4088 millones (CEPES, 2014). Por ello, entre agosto y octubre los productores pedían un dólar a $13 para recibir la misma cantidad de pesos por tonelada equivalente a los que hubieran recibido en mayo.

Estos comportamientos especulativos no han sido ajenos a otras prácticas tendientes a operar sobre el nivel de reservas del banco Central y la creación, e impulso, de un mercado de dólar paralelo e ilegal1.

IV. Conclusiones

Entender el proceso de sojización que sufrió Argentina es evidentemente una tarea compleja que requiere el análisis de varios factores. Contiene tanto decisiones de orden político que instauraron nuevos marcos jurídicos, como la incorporación de un paquete tecnológico y el propio contexto internacional favorable en materia del aumentos de los precios de la soja- en su forma de poroto, pellets y aceite-. En la posconvertibilidad la creciente demanda –en cantidad- de parte del gigante asiático, China, se sumó al factor precio. Finalmente, las necesidades locales de divisas internacionales para hacer frente a compromisos externos e impulsar el crecimiento económico de la industria local se sirvieron de este sector en alza, soja-dependiente, para consolidar un patrón de desarrollo.

En este marco, el aumento del peso de las exportaciones de la soja y sus derivados en las exportaciones totales del país en el marco de la concentración exportadora descripta, generó un aumento en el poder de la administración de las divisas de este grupo de empresas exportadoras, que, sobre todo a partir del año 2013, donde reaparece en Argentina la problemática del estrangulamiento externo y de la escases de divisas, pasaron a jugar un rol fuerte en la política nacional, presionando por una devaluación que les permitiera aumentar sus ganancias. La alianza con grupos económicos que desarrollan su actividad en otros sectores económicos, generó otros mecanismos de presión devaluatoria, como han sido las corridas cambiarias, las operaciones ilegales de compra y venta de divisas, la fuga ilegal de capitales, la sobrefacturación de importaciones y la sub facturación de exportaciones, etc.

Este proceso de aumento de la superficie sembrada de soja que ha sido posible debido a la desregulación casi completa del sector, ha dejado claramente ganadores y perdedores.

Cambia no sólo el nombre de un plan sino también una filosofía de época. Un modo de entender la educación que privilegiaba a los sectores más débiles en general. Una personalización del sistema educativo enfocado los individuos. No al sistema como tal.

Con el anuncio del ministerio de Educación de la Nación de la creación del plan "Aprender Conectados" se generó incertidumbre acerca del futuro del programa "Conectar Igualdad" y la entrega de netbooks en la provincia. Mónica Pérez, directora de Políticas de Integración Digital de la Dirección General de Escuelas, señaló que no se ha entregado ningún equipo durante 2018 y que la idea es equipar a las escuelas y no a los alumnos”.

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El programa Conectar Igualdad fue creado en el 2010, a semejanza del Plan Ceibal uruguayo, por la gestión kirchnerista con el objetivo de "reducir la brecha digital y mejorar la calidad de la educación pública en la escuela secundaria". Si bien Mauricio Macri aseguró la continuidad del programa, la puesta en marcha de un nuevo plan digital pondría fin a la entrega de computadoras.

Segú indicaron desde el Ministerio de Educación en la presentación del programa, "Aprender Conectados" es una política integral de innovación pedagógica y tecnológica pensada para que los alumnos de nivel inicial, primario y secundario accedan a una verdadera “alfabetización digital” a partir de escuelas mejor equipadas y conectadas que impartan también conocimientos de robótica y programación.

La implementación del plan supone que ya no se entregará una computadora para cada alumno del nivel secundario -como venía ocurriendo con el programa Conectar Igualdad- sino que ahora “se entregará más equipamiento y más variado” pero a los establecimientos educativos.

Desde la DGE indicaron que aún no se ha especificado cómo se implementará exactamente este programa en las escuelas mendocinas pero que la decisión de dejar de entregar netbooks se gestó a partir de los resultados de las pruebas Aprender.

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fue la dsafortunada opinón de Pérez, una afirmación emblemática de la actual gestión gobernativa.

Con respecto a la cantidad de netbooks entregadas en los últimos años, la funcionaria detalló que este año no se realizó ninguna entrega mientras que en 2017 sólo llegaron el 30% de los equipos pedidos.

Los números del plan Conectar Igualdad.

Al día 1 de julio de 2015, se han entregado 5 millones de computadoras, y además se construyeron 1428 aulas digitales en todo el país.3​El programa recibió premios en el extranjero y de diferentes organismos internacionales, entre ellos una distinción del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y por la cumbre Iberoamericana, entre otros.4

El programa se ha financiado a partir de ingresos generados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El futuro de Conectar Igualdad se ha visto comprometido a partir del año 2016, debido a que el gobierno nacional ha transferido a la órbita de las provincias la ejecución del programa, y las mismas no cuentan con fondos para solventarlo.

Desde el 10 de diciembre de 2015, cuando asumieron las nuevas autoridades, no hay directivas ni los trabajadores que integran los programas están cobrando sueldos. El programa comenzó a ser desmantelado y despedido su personal, por lo que las computadoras no serán actualizadas y serán prácticamente obsoletas.

En la lejana Santa Cruz los trabajadores también animaron luchas épicas que concluyeron en matanzas incluso más terribles. Dominaban allí enormes estancias dedicadas a la producción lanera para la exportación, muchas de ellas en manos de extranjeros, especialmente ingleses y alemanes.

Mediante alianzas matrimoniales, hacia 1920 tres familias llegaron a poseer millones de hectáreas en la zona y a controlar los bancos, aseguradoras, grandes comercios, puertos y empresas mineras que allí funcionaban. Las estancias se organizaron como empresas capitalistas, algunas de ellas con altos grados de tecnificación. La organización “racional” del trabajo y la subcontratación de tareas les permitió grandes ahorros en mano de obra, especialmente en los planteles estables, que fueron mínimos. Eso significó, sin embargo, que las estancias requirieron grandes números de trabajadores estacionales para la época de la esquila, una fuerza de trabajo heterogénea en su origen nacional, nómade y desarraigada, que les resultaría muy difícil de mantener a raya.

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La organización obrera comenzó allí de la mano de la Federación Obrera (FO), fundada en Río Gallegos en 1910, que para 1920 nucleaba una serie de gremios de los pocos pueblos costeros que había por entonces, especialmente estibadores y cocineros y empleados de hotel, la mayoría inmigrantes europeos. Habían conseguido también extender la afiliación entre muchos de los peones que trabajaban en las estancias, entre los que, junto a los de origen argentino, eran legión los chilenos y los europeos.

La conducción del sindicato estaba entonces en manos de Antonio Soto, un español de apenas 23 años, de ideas anarquistas. En 1920 el malestar de los trabajadores se hizo sentir tanto en el campo como en los pueblos. Mediante huelgas y boicots a los comercios más importantes exigieron un aumento en los jornales y mejoras en las condiciones de vivienda. Para noviembre la huelga se expandió por las estancias y la ciudad capital quedó paralizada. Entre el peonaje rural los dirigentes más importantes eran por entonces “el 68” y “el Toscano”, dos italianos acriollados, secundados por otros dos gauchos nacidos en el país. Junto a ellos se había reunido un grupo mayor de referentes de la huelga, que incluía un francés, un alemán, varios chilenos, varios españoles, un ruso, tres norteamericanos, dos escoceses, un negro portugués, un uruguayo y un paraguayo, además de varios argentinos. Como una hueste rebelde a caballo, embanderada con estandartes rojos y negros, este grupo procedió a tomar estancia tras estancia, engrosándose con la peonada que quisiera seguirlos y obligando a los dueños y administradores a acompañarlos en calidad de rehenes. Como buenos anarquistas, todas las decisiones las tomaban en asambleas en las que la totalidad de los peones tenían voz y voto.

La dimensión que había tomado el movimiento en el campo obligó finalmente a la patronal a reconocer a la FO y sentarse a negociar. Pero el sindicato le presentó un pliego de condiciones que no estaban dispuestos a conceder, que incluía un sueldo mínimo de $100, mejoras en las viviendas para peones y la obligación de que los estancieros tomaran a los trabajadores con sus familias (y no sólo a los solteros), ofreciéndoles ventajas para radicarse. Los terratenientes, organizados en la Sociedad Rural y la Liga Patriótica y apoyados por la embajada británica, exigieron entonces a gritos al gobierno nacional que enviara tropas para reprimir. Yrigoyen finalmente envió tropas del Ejército al mando de un militar radical y de su confianza, el teniente coronel Héctor Varela. Pero, para gran frustración de los estancieros, la mediación que se encaró entonces entre los rebeldes y la patronal terminó concediendo casi todos los pedidos de los trabajadores, con lo que la huelga se levantó con victoria obrera.

La tranquilidad, sin embargo, duraría poco. Tras el regreso de las tropas a Buenos Aires, se hizo evidente que los estancieros se preparaban para incumplir el convenio firmado. Con ayuda de parte de la prensa porteña, se dedicaron a difundir informaciones falsas sobre crímenes y violaciones cometidos por “bandoleros” anarquistas y de “complots” chilenos para apropiarse de la Patagonia. Consiguieron así arrancarle a Yrigoyen la promesa de que volvería a enviar tropas, esta vez con ánimos represivos. Llegado el fatídico momento de la esquila, y en medio de tales campañas, la FO obró con prudencia e indicó que sólo pararían los peones en aquellas estancias que no respetaran el pliego firmado el año anterior.

Pero cuando esta medida comenzó a hacerse efectiva, la policía local encarceló masivamente a los dirigentes obreros que encontró en los pueblos, deportándose a aquellos que fueran extranjeros. Esa provocación patronal precipitó los acontecimientos: Soto llamó a una huelga general en demanda de la liberación de los presos políticos. Nuevamente las estancias fueron ocupadas, los administradores tomados de rehenes, y las armas y caballos confiscados. Para comienzos de noviembre de 1921 todo el sur de Santa Cruz se encontró paralizado. Diversas huestes obreras recorrían el campo con sus banderas rojas, de asamblea en asamblea, cambiando de ubicación para evitar a la policía. Los aterrorizados estancieros abandonaban sus propiedades y se refugiaban en los pueblos costeros.

Ante la gravedad de los acontecimientos Yrigoyen volvió a enviar tropas, nuevamente al mando de Varela. Pero esta vez el teniente coronel llevó órdenes distintas. Al llegar a Santa Cruz decretó la ley marcial y anunció la pena de fusilamiento para cualquier desacato. Aunque intentó presentar a la opinión pública un escenario de guerra, en realidad lo que hizo fue enviar pequeñas patrullas que fueron deteniendo a los obreros en diversos puntos del territorio. Aunque estaban pobremente armados y no ofrecieron resistencia, buena parte de los obreros capturados fueron fusilados allí mismo, sin mediar siquiera un juicio sumario. Los estancieros liberados colaboraron casi siempre con las tropas, señalando a los peones que a sus ojos merecían la pena capital. Aprovecharon así no sólo para eliminar a los cabecillas del movimiento, sino también a cualquiera que les resultara revoltoso o simplemente a los peones a los que les adeudaban jornales.

Los cuerpos de los fusilados fueron enterrados en las mismas estancias en fosas comunes o quemados con gasolina. El episodio más dramático de los fusilamientos fue el del 6 y 7 de diciembre en la estancia “La Anita”, donde se hallaba el grupo más numeroso de peones, unos 600, encabezados por el propio Soto. Sitiada por las tropas, la peonada tuvo tiempo de realizar una última asamblea para definir qué hacer. Una mayoría opinaba que convenía entregarse a cambio de la promesa de conservar la vida. El alemán Pablo Schulz, en franca minoría, sostenía que había que enfrentar a los militares. Soto pensaba que eso era una locura: sin poder de fuego ni entrenamiento, los peones no tenían chances frente a soldados de un ejército regular.

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Pero también sabía que las promesas de Varela eran falsas y que serían fusilados apenas se entregaran. Intentó utilizar su mejor oratoria para convencer a la asamblea de huir a la montaña y resistir allí practicando tácticas de guerra de guerrillas. Pero todo fue en vano: a la hora de la votación la mayoría decidió entregarse. Aunque sabía que moriría fusilado, Schulz acató la decisión y se entregó con los demás. “Yo no soy carne para tirar a los perros”, dijo Soto; que con un pequeño grupo se escapó sigilosamente por la noche y logró cruzar a Chile. Moriría allí de viejo, mucho después. Nunca pudo dejar de preguntarse si sus palabras de esa noche acaso pudieron haber sido más convincentes, acaso pudieron haber salvado de la muerte a la enorme cantidad de sus compañeros fusilados como perros en La Anita.

Los fusilamientos continuaron hasta que se acabó con todos los núcleos huelguistas. No es posible saber exactamente cuántos fueron los fusilados de la Patagonia trágica. Sobre la base de los datos aportados por los militares se llegó a documentar 283 casos, pero sin dudas fueron muchos más (la prensa anarquista calculó que fueron no menos de 1500). La patronal no esperó a que la carnicería terminara para cantar victoria: el 10 de diciembre la Sociedad Rural de Río Gallegos publicó las condiciones con las que se contrataría de ahora en más al personal. Los sueldos anunciados venían con una rebaja de un tercio y más respecto de los que estaban en vigor anteriormente, y ni se mencionaban las mejoras de vivienda que se habían acordado en la primera huelga.

Para entonces el terror ya había hecho su trabajo: ya no quedaba ni sindicato ni nadie dispuesto a protestar. Mientras los estancieros colmaban a Varela de banquetes y honores, la única voz de denuncia fue la de cinco prostitutas de San Julián, que se negaron a atender a los soldados y los rechazaron a palazos y gritándoles “¡Asesinos!” cuando quisieron forzarlas a brindar sus servicios. El escándalo por la masacre puso en un brete a Yrigoyen: Varela siempre sostuvo que cumplió órdenes del presidente. Luego de los hechos la UCR impediría la creación de una comisión investigadora en el Congreso. Ningún partícipe de los fusilamientos fue juzgado. Por el contrario, a Varela se lo premió designándolo director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo.

*Fragmento del libro Historia de las clases populares en la Argentina: desde 1880 hasta 2003, Buenos Aires, Sudamericana, 2012. NB: Toda la información de este texto está tomada de investigaciones de Osvaldo Bayer.

Entre las denuncias efectuadas contra el actual presidente argentino Mauricio Macri hay muchas que se relacionan directamente con una gestión como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

El legislador de Proyecto Sur, Alejandro Bodart, hizo hacia fines de 2012 una presentación penal contra Carlos Mercau, quien, ante una medida cautelar, le dio el alta a la joven que pretendía interrumpir legalmente su embarazo.

Tras presentar la denuncia contra Mauricio Macri junto a otros 11 legisladores de varios bloques, el diputado porteño Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur) presentó ante la misma Cámara de Apelaciones una denuncia penal contra el director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau, luego de que suspendiera el aborto no punible por una medida cautelar.

“Las autoridades del hospital se quisieron sacar el caso de encima. Se puso a esta chica en riesgo de vida", consideró esta mañana Bodart sobre el accionar de la dirección del centro de salud, a la vez que advirtió que "el personal fue el que ayudó a que esto no quedara impune, ellos llamaron pidiendo auxilio para que esta persona pueda ser ayudada".

La mujer, de 35 años, había sido secuestrada en julio por una red de trata con fines de prostitución y explotada en burdeles del sur, de donde logró escapar. De esa trágica experiencia provenía su embarazo y, por ende, su derecho de realizarse un aborto legal conforme con el artículo 86 inciso 2 del Código Penal - explicado en un reciente fallo de la Corte Suprema- y con el protocolo médico para estos casos aprobado por el Ministerio de Salud porteño el 6 de septiembre pasado. Pero cuando se iba a concretar la operación en el Ramos Mejía fue dada de alta por el director del hospital, Carlos Mercau, que respondió velozmente a la medida cautelar de la jueza Myriam Rustán de Estrada.



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El jefe de Gobierno que reveló  todos los datos de la chica y difundió día y lugar en que se iba a realizar la práctica.

Hubo una catarata de denuncias para los responsables directos o indirectos del frustrado aborto no punible. Comuneros y legisladores de la oposición capitalina denunciaron al líder PRO por violar dos artículos del Código Penal, las leyes de protección de datos personales y de protección contra la violencia de género al hacer público el caso.

También la diputada nacional Diana Conti solicitó que fuera sometida a juicio político la jueza Rustán de Estrada, quien frenó la intervención que estaba encuadrada en el Código Penal al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por la Fundación Pro Familia. En la misma línea, legisladores porteños también apuntaron a la magistrada "por mal desempeño de sus funciones". lo hicieron ante el Consejo de la Magistratura.



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A manera de marco conceptual.

  Una de las cuestiones más recurrentes de la política económica es si algunos procesos que han afectado a nuestros países en el pasado pueden volverse a presentar.

Ciertamente que esos procesos pueden ser de naturaleza específica (un país), o procesos más amplios (regionales) y generales (economía internacional).

Cualquiera que sea la dimensión de los problemas que se presenten en una economía mundializada o globalizada, dependiendo de la naturaleza de esos problemas, estos terminan impactando en el conjunto, independiente de que ellos se originen en las llamadas economías desarrolladas o emergentes, como fueron la crisis de los años treinta o la crisis de la deuda en América Latina en los años ochenta.

Siguiendo a Roberto Frenkel, define la crisis “como el incumplimiento de contratos que se encadena y alcanza una dimensión tal que induce una contracción significativa de la demanda agregada y el empleo.
De modo que una crisis puede definirse como la situación de incumplimiento de un conjunto importante de contratos con efectos significativos sobre la actividad económica.

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Para configurar una crisis la magnitud de los contratos incumplidos debe superar cierto umbral, el cual no puede precisarse porque no depende tan solo de la magnitud de los contratos sino también de la fragilidad del sistema”.

Los distintos tipos de crisis.

Se pueden distinguir crisis de distintos tipos:

• Crisis financiera, cuando los contratos involucrados son financieros principalmente: créditos y depósitos bancarios en las economías de mercado emergente.

• Crisis de balanza de pagos, cuanto la economía enfrenta una crisis de pagos internacionales o de balanza de pagos (cuanto el incumplimiento afecta contratos internacionales públicos o privados).

• Crisis de deudas públicas, en el caso de incumplimiento de las obligaciones financieras del sector público. Si la deuda externa es principalmente pública tiene lugar, simultáneamente, una crisis de deuda pública y una crisis de balanza de pagos.

• Crisis cambiaria, se produce cuanto la autoridad monetaria incumple compromisos de mantener un tipo de cambio predeterminado.

Debemos, sin embargo, con estas definiciones, relativamente rígidas, porque la crisis no se establece cuando las cuentas descritas se producen sino cuando la percepción de las mismas, por los agentes económicos y de los propios Estados, se expresa en decisiones que pueden influir en las tendencias que ellas perciben.

A esta situación pueden concurrir diversos factores, tanto internos como externos. Por ejemplo, la percepción de una posible depreciación de la moneda nacional, la percepción de una caída de los precios de los materias primas y alimentos, la percepción de una volatilidad de los mercados de capitales (bolsas de los distintos países) y un conjunto de sucesos que van modelando la conducta y decisiones de los agentes económicos.

Si bien la percepción es una conducta permanente, adquiere una importancia singular cuando la economía muestra signos de fragilidad o de inestabilidad. Por esa razón, retomando a Frenkel, se llama crisis de deuda externa a la percepción de la cesación de pagos (default) de las deuda externa, como en la crisis de México en 1995, y crisis cambiaria cuando se produce una percepción de riesgo cambiario, como fue el caso argentino en 1995, aunque la regla del tipo de cambio fijo (Ley de convertibilidad) no fue cambiada.

Concomitancia de eventos.

En los eventos críticos nacionales ocurridos en la década de los ochenta se han sucedido estos tipos de crisis o una combinación de ellos:

a) La más general es la existencia de una crisis de pagos internacionales.

b) Casi todos los eventos incluyen una crisis cambiaria.

c) Los eventos tuvieron un componente de crisis financiera.

Una singularidad de la crisis en economías emergentes es que las crisis son precedidas de una dinámica macroeconómica de ciclo con “una fase inicial expansiva, seguida de un periodo de estancamiento o crisis-latinomaerica-Scrolled_and_Quill_Pen_PNG_Image

La singularidad del ciclo Minskyano en economías emergentes, es que la fase inicial del auge es generada por cambios relativamente drásticos de las políticas macroeconómicas y las regulaciones.

Esta tesis de Minsky se cumple en el caso de la crisis de los años ochenta, que marca el fin de las políticas desarrollistas en América Latina, alentadas en la ideas cepalinas de industrialización sustitutiva.

En el caso de las tendencias macroeconómicas de los últimos años en América Latina, ellas parecen marcadas en una continuidad de las políticas neoliberales que asumieron los gobiernos de la región como salida de la crisis de los años ochenta, con la excepción de algunos países de la región que en los últimos años han intentado una reorientación de sus políticas priorizando el carácter social de las mismas, pero manteniendo condiciones de estabilidad económica como son los casos de Bolivia y Ecuador.

Sin duda, el marco conceptual descrito puede ser calificado de economicista porque cualquier crisis económica puede ser influenciada o provocada por agudización de las problemas sociales y políticas, que crean condiciones de inestabilidad social o política, como lo son el aumento de las tensiones sociales como consecuencia de la inseguridad interna, la extensión del narcotráfico, la expansión de la corrupción, entre otros.

Unido a estos, el mantenimiento de amplios sectores de la población que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, particularmente en zonas rurales. Esto último es importante porque en una situación de crisis la respuesta desde la política económica va a ser provocar un conjunto de ajustes macroeconómicos con consecuencia en la contracción de la demanda y el empleo.
Esto significa que algunas mejoras logradas a través de los programas sociales en los últimos años, llevará a que, en el caso del ajuste fiscal, estos programas resulten siempre los más afectados.

América Latina después de un relativo largo periodo de crecimiento (2005-2011), con tasas de alrededor del 5% anual, con una inflexión negativa de 1.0% en el año 2009, como consecuencia de la crisis de los subprime en los Estados Unidos, viene mostrando una desaceleración marcada a partir del año 2012, alcanzando en el año 2014 una tasa promedio del 1.1%, y proyectándose para el 2015 una tasa menor de 1.0%, cuyo correlato ha sido el deterioro de las variables macroeconómicas tanto internas como externas.

Esta situación se da en un escenario internacional con dinámicas bastante heterogéneas; relativa recuperación de la economía americana, estancamiento de las economías de la zona euro y una marcada desaceleración de la economía china.

deuda-Latinoamerica

En ese contexto, la deuda externa en América Latina, que ha pasado de US $ 747.810 millones en el año 2006 a US $ 1.244.600 millones en el 2015, vuelve a constituirse en un problema central en el que es necesario explorar los posibles riesgos que enfrentarían los países de la región de continuar las políticas que son parte del sistema financiero internacional.

Con ese propósito, primero se presenta un breve marco conceptual, donde se examinan los distintos tipos de crisis que pueden desarrollarse en economías como la nuestra, destacando aquellos elementos que pueden generar la percepción de una crisis financiera.

En segundo lugar se realiza el análisis de la deuda externa de América Latina, presentando, en un primer acápite, un breve recuento de las crisis de pagos de los años ochenta, identificando los principales elementos que la caracterizaron, contrastándolos con las tendencias macroeconómicas actuales que presentan las economías de América Latina.

En un segundo acápite se presentan las características y situación de la tendencia reciente de la deuda externa en América Latina, remarcando en particular la situación de la deuda pública externa.

En un tercer análisis se hace una revisión del comportamiento de las principales variables que afectan significativamente el financiamiento y la deuda externa de los países de la región, de manera de fijar las tendencias que delinean el escenario económico de América Latina en los siguientes años.

Finalmente, se presenta un conjunto de conclusiones y propuestas para el tratamiento de la deuda externa.

El sistema económico internacional.

La forma en cómo está construido el sistema económico internacional coloca a los países en desarrollo en una situación de vulnerabilidad frente a los vaivenes de las economías más poderosas, que son las que finalmente jalan a las demás por medio de la demanda por sus recursos naturales.

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La situación de bonanza de precios internacionales de las materias primas ha llegado a su fin y se da en un contexto actual que presenta dinámicas diversas –como la relativa recuperación de la economía americana, el alza de la tasa de interés de la Reserva Federal estadounidense, el estancamiento de las economías de la zona euro y una marcada desaceleración de la economía china- que ha llevado a un deterioro de las cuentas internas y externas de América Latina, lo que se ve reflejado en las menores tasas de crecimiento observadas en los últimos años.

Los problemas fiscales.

En ese contexto, los problemas fiscales que enfrentan nuestros países junto a la menor entrada de capitales foráneos y la salida de divisas por una balanza comercial cada vez más deficitaria, inciden en una mayor necesidad de mayor financiamiento externo, lo que se ha visto reflejado en las crecientes colocaciones de bonos soberanos en el mercado internacional en los últimos años.

Entonces, ¿qué escenarios enfrenta la región en torno a la posibilidad de caer nuevamente en una crisis de deuda externa?

En esta serie de artículos intentaremos dar respuesta a esa pregunta y se concluye que en un escenario como el descrito, las posibilidades de una crisis de pagos externos en los países de la región es poco probable en el corto plazo, pero en el mediano plazo la capacidad y solvencia para enfrentarlos son muy limitadas, debido principalmente a los problemas estructurales que nuestros países adolecen y que se ven reflejados en las brechas sociales existentes.

A partir del 1º de abril, los comercios están obligados a aceptar pagos con tarjetas de débito para transacciones mayores a 10 pesos, así como también tarjetas prepagas no bancarias u otros medios equivalentes.

La medida incluye a prestadores de servicios y monotributistas. 

Así lo dispuso una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de febrero de 2017, que estableció la obligatoriedad del uso de medios electrónicos como formas de pago a comercios, empresas, profesionales y monotributistas que vendan al consumidor final, según la sección a la que pertenece la actividad y el monto total de Ingresos Brutos anuales.
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A partir del 1º de abril, los comercios están obligados a aceptar pagos con tarjetas de débito.

Aceptar las Tarjetas de Débito como medio de pago.

La iniciativa de la AFIP busca promover la implementación de equipos de puntos de venta (Posnet) en los comercios de todo el país. De esa manera, los consumidores tendrán la opción de utilizar la tarjeta de débito como medio de pago.
Leer también: La Guía más completa sobre el Monotributo: Inscripción, Adhesión, Categorías y mucho más.
La resolución alcanzó a todos aquellos negocios que vendan o alquilen cosas, presten servicios o realicen obras y quedarán afuera aquellos cuya actividad se desarrolle en localidades de menos de mil habitantes y las operaciones inferiores a diez pesos.

Asimismo, los comerciantes que no cumplan con la medida pueden recibir sanciones de entre $300 y $30 mil y clausuras de entre 3 y 10 días.

En qué consiste la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito?


Quienes realicen en forma habitual la venta de bienes para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras o efectúen locaciones de cosas muebles, deberán aceptar tarjetas de débito como medio de pago, así como también tarjetas prepagas no bancarias u otros medios equivalentes, entendiéndose que deberán brindarles a los clientes la posibilidad de realizar las operaciones de pago a través de terminales POS.

Asimismo, el costo que les insuma adoptar el sistema podrá computar como crédito fiscal del impuesto al valor agregado.

¿Cuál es el cronograma de aplicación?

CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Dependiendo de la sección a la que pertenece la actividad que desarrollás y el monto total de ingresos brutos anuales del último balance comercial cerrado con anterioridad al 31 de diciembre de 2015, inclusive, o los que obtuviste durante el año 2015 si no confeccionas balance:
  • Sección G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores a motocicletas y Sección I - Servicios de alojamiento y servicios de comida, con ingresos:
    • Mayores o iguales a $ 4.000.000: 30 de abril de 2017, inclusive.
    • Mayores a $1.000.000 y menores a $ 4.000.000: 31 de mayo de 2017, inclusive.
    • Menores o iguales a $ 1.000.000: 30 de junio de 2017, inclusive.
  • Sección M - Servicios profesionales, científicos y técnicos; Sección Q - Salud humana y servicios sociales; Sección R - Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento y Sección S - Servicios de asociaciones y servicios personales, con ingresos:
    • Mayores o iguales a $ 4.000.000: 31 de julio de 2017, inclusive.
    • Mayores a $ 1.000.000 y menores a $ 4.000.000: 31 de agosto de 2017, inclusive.
    • Menores o guales a $ 1.000.000: 30 de septiembre de 2017, inclusive.
  • Secciones no mencionadas anteriormente, con ingresos:
    • Mayores o iguales a $ 4.000.000: 31 de octubre de 2017, inclusive.
    • Mayores a $ 1.000.000 y menores a $ 4.000.000: 30 de noviembre de 2017, inclusive.
    • Menores o iguales a $ 1.000.000: 31 de diciembre de 2017, inclusive.
Si desarrollás dos o más actividades, deberás considerar la fecha de aplicación correspondiente a la actividad principal declarada al 31 de diciembre de 2015, y sumar los ingresos brutos anuales de todas tus actividades.




Si sos responsable inscripto en el IVA y empezaste tu actividad con posterioridad al 2015, tenés que aceptar tarjeta de débito desde la fecha prevista para los casos de ingresos menores o iguales a $1.000.000, según sea la actividad desarrollada, de acuerdo al cronograma anterior. Pero si tu actividad comenzó con posterioridad a la fecha prevista en ese cronograma, entonces ya tenés que aceptar las operaciones con tarjeta de débito.

MONOTRIBUTISTAS:
  • Categorías F, G, H, I, J y K: a partir del 31 de diciembre de 2017, inclusive.
  • Categorías A, B, C, D y E: a partir del 31 de marzo de 2018, inclusive.
Tené en cuenta que el cronograma con las fechas para cumplir con la obligación de aceptar tarjeta de débito en tus operaciones, es el mismo que establece la obligación de exhibir el nuevo Formulario 960/D – Data Fiscal. Este es un formulario interactivo que le permite a cualquier ciudadano conocer el comportamiento fiscal de un contribuyente. Debe estar exhibido en los comercios o en el lugar de prestación de servicios. También permite verificar si el comerciante acepta pagos con débito en su local.

Para más información consultá el micrositio “Formulario 960 – Data Fiscal”.

¿Cuáles son los beneficios del uso de POS?


Si sos monotributista, no pagás comisiones transaccionales por el uso del POS para cobrar con tarjeta de débito. Y si todavía no lo instalaste, cuando lo hagas, no tendrás costo por el alquiler del dispositivo por 2 años.




Además, los monotributistas y autónomos que abonen los 12 pagos del año a través de débito automático, en cuenta o con tarjeta de crédito, se les devolverá una cuota.

Por otra parte, si sos responsable inscripto en el IVA e instalás POS para cobrar con tarjeta de débito, tendás bonificaciones en el costo por el alquiler del dispositivo. Según el proveedor del servicio, pueden ser descuentos del 50% hasta por 6 meses o gratuidad de hasta 2 años. También vas a poder computar como crédito fiscal el 50% (hasta $ 300 por mes y por equipo) del costo del alquiler del POS.
Aceptar las Tarjetas de Débito como medio de pago, la normativa AFIP para los monotributistas.Haz Clic para Twittear
La AFIP disminuye en un 50% las retenciones del IVA y Ganancias en todas las operaciones con tarjetas de débito.

¿Qué es el Formulario 960?


El 960 es un formulario que deben exhibir ciertos contribuyentes obligados; es interactivo y permite conocer el comportamiento fiscal de un comercio, tanto al consumidor como al público en general.

A partir del 30 de abril comienza a utilizarse el Formulario 960/D – Data Fiscal, que irá sustituyendo paulatinamente al Formulario 960/NM – Data Fiscal, hasta el 31 de marzo de 2018, que éste último dejará de tener vigencia.

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 En abril 2016 el diputado nacional del Frente para la Victoria, Darío Norman Martínez, presentó una ampliación de denuncia ante el fiscal Federico Delgado contra el presidente Mauricio Macri por considerar que el mandatario en la causa conocida como "Panamá Papers" por "sistemáticas omisiones maliciosas" en las declaraciones juradas que presentó desde 2005.

En la acusación, el funcionario sostiene que Macri habría omitido declarar su verdadera participación en sociedades anónimas y que habría notificado propiedades y terrenos por valores inferiores a los reales.
La causa Panamà papers involucra al presidente Mauricio Macri por lavado de dinero y evasión impositiva por sus sociedades 'offshore'.

La causa Panamà Papers.

"Dado que la omisión maliciosa se tiene por constituida al vencimiento del plazo de presentación de la declaración jurada, en los presentes autos nos encontramos ante un concurso real de diferentes hechos desde el 2006 hasta la fecha, por cada período fiscal correspondiente", explica la denuncia.



A su vez, Martínez comparó declaraciones de Macri desde que asumió como diputado, en 2005, con datos de cada ejercicio fiscal e hizo hincapié en un campo en Tandil, que en 2010 tenía "una superficie de 510 hectáreas" y luego fue reportado por 5.100 (un cero más) y cuestionó los valores reportados en esas declaraciones en relación a los precios inmobiliarios.

Lavado de dinero y evasión impositiva.

Para el diputado, si se reportó solo "el valor fiscal de la tierra" se estaría ante "una falsedad u omisión maliciosa" y "si en la escritura de compra en el año 2010 hubiesen hecho figurar un valor inferior al real, estaríamos ante una nueva violación de la ley ya que habría que investigar no sólo el verdadero valor de adquisición, sino además el origen de los fondos destinados a la compra".

Sobre la omisión maliciosa, la ley castiga con hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua al que "en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo".
Además del jefe de Estado, que desmintió tener activos en empresas offshore, gente de su espacio político aparece involucrada en el escándalo.

Imputado/s (actuales o pasados).

Macri Mauricio.
Ex-Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2011;2011-2015). Presidente de la Nación.

Juez, Juzgado y Fiscal.

Juez: Casanello Sebastián.
Juzgado: la causa se encuentra radicada en el Juzgado Nº 7, a cargo del juez Sebastían Casanello (ver perfil del juez)

Fiscal: Delgado Federico.

Descripción de los hechos.

La causa comenzó a raíz de la filtración de archivos del estudio Mossack Fonseca vinculados con sociedades offshore conocida como “Panama Papers”. Estos documentos revelaron la existencia de la firma Fleg Trading Ltd., de la que Macri fue director y vicepresidente. La sociedad, que nunca fue declarada por él, funcionó hasta fines de 2008, año en que Macri era jefe de gobierno porteño. Tras una denuncia presentada por el Diputado neuquino Darío Martínez, el fiscal federal Federico Delgado presentó un requerimiento de instrucción para investigar la posible responsabilidad penal del Presidente, y extendió la investigación a otra offshore radicada en Panamá, Kagemusha, en la cual Macri aparece como Vicepresidente.

El entorno de las empresas offshore del presidente Mauricio Macri.

Estado de la causa.

El 10/5/2016 el juez Casanello pidió informes sobre Fleg Trading Limited, Global Collection Services y Owners Do Brasil Participacoes, para determinar si Mauricio Macri figura o figuró como accionista o si tuvo participación en ellas.



El 18/5/2016 el fiscal Federico Delgado pidió al juez Casanello que solicite a la Inspección General de Justicia (IGJ) balances de la empresa Socma, de Franco Macri, entre 1985 y 2007. También pidió que libre exhortos a diferentes países solicitando declaraciones de personas e informaciones sobre empresas que pudieran estar relacionadas con el Presidente.

El 1/6/2016 el juez hizo lugar al pedido del fiscal, y solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) copia certificada de los legajos completos de las sociedades Grumafra SA, Socma Americana SA, Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group desde 1985 hasta 2007.

Asimismo, pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) la declaración jurada de bienes que presentó Macri el año pasado. También solicitó a la justicia civil copia certificada de los estatutos de Fleg Trading y de las declaraciones juradas de Francisco Macri “relacionadas con Fleg Trading” entre 1998 y 2005. Y a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó que se obtenga información sobre si hay reportes de operaciones sospechosas en Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido de Fleg Trading LTD, Kagemusha, Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group.
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El período siguiente ha sido descrito como una "edad de plomo". Hubo una enorme explosión de capital especulativo a muy corto plazo, que ahogaba a la economía productiva.

Hubo un deterioro remarcable en todas y cada una de las magnitudes económicas: crecimiento económico considerablemente más lento, crecimiento de la productividad más lento, así como de la inversión en capital, tasas de interés mucho más altas (que frenan el crecimiento), mayor volatili-dad de los mercados, y crisis financieras.

Todo esto tiene efectos muy severos sobre la gente, incluso en los países ricos: estancamiento o declive de los salarios, jornadas de trabajo mucho más largas (hecho particularmente remarcable en EEUU), y recorte de los servicios.

La Edad de Plomo, los EE. UU y el capital especulativo.

La Edad de Plomo y el capital especulativo.

A título de ejemplo, en esta gran economía de la que habla todo el mundo, la media del ingreso familiar ha retrocedido a la de 1989, que está bastante por debajo de la de los 70.

Ha sido también una época de desmantelamiento de las medidas socialdemócratas que tanto han contribuido Fa la mejora del bienestar humano.

El nuevo orden internacional.

En general, el nuevo orden internacional impuesto ha concedido un poder de veto mayor para el "parlamento virtual" de los inversores de capital privado, llevándonos a un declive significativo de la democracia y de los derechos de soberanía, y a un importante deterioro de la salud pública.
Leer también: Los primeros estadios de toma del poder de América por parte de las empresas.
Del mismo modo que estos efectos se dejan notar en sociedades ricas, son catastróficos en las sociedades más pobres.

Son efectos que cruzan transversalmente las sociedades, no es que tal sociedad se haya enriquecido y esta otra se haya empobrecido. Las medidas más significativas comprenden sectores globales de la población.



Para los países ricos, está claro. Un conocido economista, Barry Eichengreen, en su reconocida historia del sistema monetario internacional señaló, como mucha gente ha señalado, que la actual fase de globalización es bastante similar a la situación anterior a la Primera Guerra Mundial, grosso modo.

Sin embargo hay diferencias. 


Una diferencia esencial, explica, es que, en esa época, la política gubernamental no estaba "politizada" por "el sufragio universal masculino y el surgimiento del sindicalismo y de los partidos parlamentarios obreros".



En consecuencia, los graves costes humanos de la ortodoxia financiera impuesta por el parlamento virtual podía ser transferidos a la población en general.
Los graves costes humanos de la ortodoxia financiera .
Pero este lujo, en 1945, ya no estuvo al alcance en la era más democrática de Bretton Woods, así que los "límites a la movilidad del capital fueron sustituidos por límites a la democracia como una fuente de aislamiento de las presiones del mercado".


Hay un corolario a todo ello. Es natural que el desmantelamiento del orden económico de posguerra deba ir acompañado de un ataque a la democracia sustantiva (libertad, soberanía popular y derechos humanos), bajo el eslogan TINA, esa suerte de grotesca bufonada de marxismo vulgar. El eslogan, no hace falta decirlo, es un fraude.

El orden socioeconómico.

El particular orden socioeconómico impuesto es el resultado de decisiones humanas en instituciones humanas.
La Edad de Plomo, enorme explosión de capital especulativo a muy corto plazo para ahogar a la economía productiva.Haz clic para Twittear
Las decisiones pueden modificarse, las instituciones pueden modificarse y, en caso necesario, desmantelarse y sustituirse, tal como gente honesta y valiente ha venido haciendo a lo largo de la historial
Paìses ricos y paìses pobres.



Este texto fue corresponde a la conferencia que Chomsky dictó el 26 de febrero de 2000 en el Kiva Auditórium, Albuquerque, New México.
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Otras reglas exigen que los derechos de los inversores, prestamistas y especuladores deben prevalecer sobre los derechos de la gente de carne y hueso de a pie, minando la soberanía popular y los derechos democráticos. Las grandes empresas, como bien se sabe, se adaptan y actúan de muchos modos contra la soberanía de los estados. Hay casos muy interesantes.

Por ejemplo en Guatemala, hace un par de años, se intentó reducir la mortalidad infantil regulando la comercialización de la leche en polvo para niños por parte de las multinacionales.

Las medidas que Guatemala propuso se adaptaban a las directrices de la Organización Mundial de la Salud y respetaban los códigos internacionales, pero la Gerber Corporarion denunció tal expropiación y la amenaza de una queja de la Organización Mundial de Comercio fue suficiente para que Guatemala retirara la propuesta por temor a medidas de represalia por parte de EEUU.
Los derechos de los inversores, prestamistas y especuladores no deben prevalecer sobre los derechos de la gente de carne y hueso.


Los derechos de los inversores, prestamistas y especuladores.

La primera queja bajo la nuevas reglas de la OMC se formuló contra EE UU por parte de Venezuela y Brasil, que se quejaban de que las regulaciones EPA referentes al petróleo violaban sus derechos como exportadores. En esa ocasión Washington aceptó, supuestamente por temor a sanciones, pero soy escéptico sobre esta interpretación.

No creo que EE UU tenga miedo de sanciones de Venezuela y Brasil, más probablemente la administración Clinton simplemente no vio ninguna razón de peso para defender el medio ambiente y proteger la salud.



Obscenas cuestiones de este calibre aparecen una y otra vez con fuerza. Decenas de millones de personas en todo el mundo mueren de enfermedades evitables por culpa de medidas proteccionistas escritas en las reglas de la OMC, que garantizan a las grandes empresas privadas el derecho de fijar precios monopolistas.

Tailandia y Sudáfrica, por ejemplo, que disponen de industria farmacéutica, podrían producir medicamentos que salvaran vidas por una fracción del coste del precio monopolístico, pero no se atreven por miedo a sanciones comerciales. De hecho, en 1998 EE UU llegó a amenazar a la Organización Mundial de la Salud con retirar sus cuotas si a ésta se le ocurría controlar los efectos de las condiciones comerciales sobre la salud. Estas son amenazas reales.

Los derechos comerciales.

A todo ello se le llama "derechos comerciales", pero no tienen nada que ver con el comercio.

Tienen que ver con prácticas monopolísticas de fijación de precios reforzada por medidas proteccionistas que se incluyen en los acuerdos de librecambio. Estas medidas están diseñadas para asegurar los derechos empresariales, que también tienen como efecto la reducción del crecimiento y de las innovaciones, naturalmente. Estas son sólo una parte de la retahila de regulaciones introducidas en estos acuerdos que frenan el desarrollo y el crecimiento. Lo que motivan estas medidas son los derechos de los inversores, no el comercio. El comercio, por supuesto, carece de valor en sí mismo.
Sólo tiene valor si incrementa el bienestar humano.

En general, el principio primordial de la OMC, y de sus tratados, consiste en que la soberanía y los derechos democráticos tienen que estar subordinados a los derechos de los inversores. En la práctica esto significa que prevalecen los derechos de esas gigantescas personas inmortales: tiranías privadas a las cuales la gente debe subordinarse.

Estas son las razones que condujeron a los notables hechos de Seattie. De todos modos, el conflicto entre la soberanía popular y el poder privado se puso de manifiesto mucho más crudamente unos meses después de Seattle, en Montreal, cuando fue alcanzado un ambiguo acuerdo sobre las bases del llamado "protocolo de bioseguridad". Ahí la cuestión estuvo clara.

EE UU contra casi todo el mundo.

Citando el New York Times, "se alcanzó un compromiso tras intensas negociaciones que a menudo incitaban el enfrentamienro de EE UU contra casi todo el mundo" por culpa de lo que se llamó el "principio de precaución".

¿De qué se trata?

El jefe de la delegación de la Unión Europea lo describió así: "los países deben tener la libertad, el derecho soberano, de tomar medidas precautorias ante las semillas genéticamente modificadas, microbios, animales, y cosechas que se sospechen perju-diciales". EE UU, sin embargo, insistió en aplicar las reglas de la OMC. Dichas reglas dicen que una importación sólo puede ser prohibida si existe evidencia científica.
Leer también: La Edad de Plomo, enorme explosión de capital especulativo a muy corto plazo para ahogar a la economía productiva.
Fijémonos dónde se encuentra aquí el objetivo. Lo que se discute es si la gente tiene derecho a rechazar ser objeto de un experimento. Para ejemplificarlo, supongamos que el departamento de biología de una universidad entrara aquí y nos dijera: "Amigos, vais a ser objeto de un experimento que tenemos que llevar a cabo.

No sabemos adonde nos va a llevar. No sé, ¿qué tal unos electrodos en el cerebro para ver qué pasa? Podéis negaros, pero sólo si podéis esgrimir una evidencia científica de que esto os va a perjudicar". En condiciones normales no vamos a poder esgrimir tal evidencia.

La pregunta es, ¿tenéis derecho a negaros? Según las reglas de la OMC, no. Tenéis que ser objetos del experimento. Es una forma de lo que Edward Hermán llama "soberanía del productor". El productor reina, son los consumidores los que deben defenderse de alguna manera. A nivel interno esto funciona, tal como Hermán apunta.

No es responsabilidad, dice, de la industria química ni de los fabricantes de pesticidas demostrar, probar, que lo que están echando al medio ambiente es seguro. Es responsabilidad del ciudadano demostrar científicamente que no lo es, y tiene que hacerlo a través de agencias públicas con bajo presupuesto, susceptibles de dejarse influir ante las presiones de la industria.

Esta fue la cuestión que se discutió en Montreal, y una suerte de acuerdo ambiguo fue alcanzado.
Los derechos de los inversores, prestamistas y especuladores no deben prevalecer sobre los derechos de la gente de carne y hueso.Haz clic para Twittear
Dejemos claro que no se tocó ninguno de los principios, y esto se puede ver simplemente observando quién estaba presente. EE UU estaba a un lado de la mesa, y se le unieron algunos otros países con intereses en biotecnología y agroexportaciones de alta tecnología, y en el otro lado estaban todos los demás, aquellos que no tenían esperanzas de sacar tajada del experimento.

Esta era la situación, y esto nos dice a las claras qué principios se discutían. Por razones similares, la Unión Europea favorece aranceles altos sobre los productos agrícolas, tal cómo hacía EE UU hace 40 años (ahora ya no, y no porque los principios hayan cambiado, sino porque el poder ha cambiado).

El poder de los poderosos y privilegiados.

Hay un principio no escrito que dice que los poderosos y privilegiados deben tener capacidad de hacer lo que quieran (por supuesto esgrimiendo nobles motivos). El corolario es que la soberanía y los derechos democráticos de la gente en este caso deben pasar de ser (y esto es lo dramático) refractarios a ser objeto de experimentos cuando las grandes empresas de EE UU pueden sacar tajada del experimento. La invocación por parte de EE UU de las reglas de la OMC es muy natural, ya que codifican ese principio, y esto es fundamental.

Estos temas, aunque son muy reales y afectan a un gran número de personas en el mundo, son de hecho secundarios ante otras modalidades de reducción de la soberanía a favor del poder privado.

El poder de los poderosos y privilegiados.

La especualción perniciosa.

La idea era atajar la especulación perniciosa a gran escala y restringir la fuga de capitales. Los motivos eran claros y se articularon diáfanamente. Los flujos libres de capital crean lo que se ha llamado en ocasiones un "parlamento virtual" del capital global, el cual puede ejercer su poder de veto sobre las políticas gubernamentales que considere irracionales.

Esto implica a los derechos laborales, programas educativos o de salud o políticas públicas de estímulo de la economía o, de hecho, cualquier cosa que ayude a la gente y no a los beneficios (y por lo tanto es irracional en un sentido técnico).

El sistema de Bretton Woods.

El sistema de Bretton Woods funcionó más o menos durante 25 años. Época que ha sido calificada por muchos economistas como la "edad de oro" del capitalismo moderno (capitalismo moderno de Estado más propiamente).



Fue un período, que duró hasta los 70 más o menos, de rápido crecimiento -sin precedentes históricos- de la economía, del comercio, de la productividad, de la inversión de capital, de extensión del estado del bienestar, una edad de oro. Todo se vino abajo a principios de los años 70.

El sistema de Bretón Woods fue desmantelado con la liberalización de los mercados financieros y la implementación de tipos de cambio flotantes.
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Hace un siglo, durante los primeros estadios de toma del poder de América por parte de las empresas, la discusión sobre estos temas era bastante abierta.

Los conservadores denunciaron el proceso, describiéndolo como un "retorno al feudalismo" y "una forma de comunismo", lo que no es par;nada una analogía inapropiada.

Los orígenes intelectuales eran similares, basados en la idea neohegeliana de derecho de las entidades orgánicas, juntamente con la creencia en la necesidad de tener una administración centralizada de 1os sistemas caóticos, como los mercados, que estaban totalmente fuera de control.

Los primeros estadios de toma del poder de América.

Los primeros estadios de toma del poder de América.

Vale la pena retener la idea de que en lo que hoy día se denomina "economía de librecambio", una parte muy grande de las transacciones internacionales (deno-minadas comercio para despistar), probablemente alrededor del 70% de éstas, se hacen de hecho dentro de instituciones gestionadas centralizadamente, entre empresas y entre alianzas empresariales. Por no destacar otras formas de distorsiones radicales del mercado.
Los primeros estadios de toma del poder de América por parte de las empresas hace 100 años.Haz clic para Twittear
La critica conservadora (uso el término "conservador un sentido tradicional, tales conservadores hoy día apenas existen) fue recogida por los liberal-progresistas del extremo del abanico político a principios del siglo XX, siendo quizás el más renombrado ]ohn Dewey, importante filósofo social americano cuyo trabajo se centró en temas de democracia.

Las formas democráticas tienen escasa entidad.

Sostuvo que las formas democráticas tienen escasa entidad cuando "la vida del país" (producción, comercio, medios de comunicación) está dominada por tiranías privadas en un sistema que él denominó "feudalismo industrial", en el clase trabajadora está subordinada al control de los directivos, y la política se ha vuelto "la sombra de las grandes empresas sobre la sociedad".

Fijémonos que estaba articulando ideas que eran lugar común entre la clase obrera unos cuantos años antes. Lo mismo ocurrió con su llamamiento a la eliminación, sustitución del feudalismo industrial mediante la democracia industrial autogestionada.



Los intelectuales progresistas.

Es interesante señalar que los intelectuales progresistas que se mostraron a favor del proceso de la toma del poder por parte de las empresas, también estuvieron más o menos de acuerdo con esta descripción de la situación. Woodrow Wilson, por ejemplo, escribió que "la mayor parte de los hombres son sirvientes de las grandes empresas", que actualmente constituyen "la mayor parte de los negocios del país" en una América muy diferente de la anterior, que ya no es un lugar de emprendedores individuales, de oportunidades individuales y de logros individuales"; en la nueva América que surge, "pequeños grupos de hombres controlan grandes empresas, ostentan el poder, el control sobre la riqueza, las oportunidades de negocio del país", tornándose "rivales del mismo gobierno", y minando la soberanía popular, ejercida a través de un sistema político democrático.
Aunque observemos que esto fue escrito en apoyo del proceso.

Describía el proceso como quizás desafortunado, pero necesario, alineándose en particular con el mundo de los negocios tras los destructivos fallos del mercado de los años precedentes, que convencieron al mundo de los negocios y a los intelectuales progresistas de que los mercados había que administrarlos y que las transacciones financieras había que regularlas.
Leer también: La Edad de Plomo, enorme explosión de capital especulativo a muy corto plazo para ahogar a la economía productiva.
Cuestiones similares, muy similares, están hoy de moda en la arena internacional. Por ejemplo la reforma de la arquitectura financiera y cosas así. Hace un siglo, las grandes empresas veían garantizaban los derechos de las personas mediante una actividad judicial radical, una violación extrema de los principios liberales clásicos.

Fueron asimismo liberadas de antiguas obligaciones de ceñirse a las actividades empresariales específicas para las que tenían autorización. Y todavía más, en un importante cambio de orientación, los jueces decantaron su poder a favor de los accionistas, identificándose en un partenariado con el control centralizado y con la persona inmortal de la empresa.

La historia del comunismo.

Aquellos que conozcan la historia del comunismo reconocerán que este proceso es muy similar al proceso que tenía lugar a la vez, muy pronto predicho, por cierto, por críticos de izquierda, marxistas de izquierda y críticos anarquistas del bolchevismo, gente como Rosa Luxemburg, quien había advertido con bastante antelación que la ideología centralizadora desplazaría el poder de la clase obrera hacia el Partido, hacia el Comité Central, y luego hacia el líder máximo, tal como ocurrió poco después de la conquista del poder estatal en 1917, que destruyó a su vez lo poco que quedaba de los principios y formas socialistas. Los propagandistas de ambos lados prefieren una historia diferente que les vaya mejor, pero creo que esta es la correcta.



Las grandes empresas.

En años recientes, las grandes empresas han venido escatimando derechos que van mucho más allá de los de las personas. Bajo las reglas de la Organización Internacional del Trabajo, las grandes empresas exigen el respeto al derecho del "tratamiento nacional".

Esto quiere decir que la General Motors, si está operando en México, puede exigir ser tratada como una empresa mexicana. Este derecho corresponde solamente a las personas inmortales, no es un derecho de las personas de carne y hueso. Un mexicano no puede ir a Nueva York y exigir el tratamiento nacional y que se le conceda, pero las grandes empresas sí.
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