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Se incrementa y acelera la explotación de los trabajadores en todo el mundo.

La explotación de los trabajadores manuales e intelectuales inherente al capitalismo en el curso del proceso productivo (extracción de plusvalía), aumenta rápidamente en todo el mundo como respuesta a la crisis que sacude al sistema.

Este incremento de la explotación se apoya por un lado en el aumento de la productividad por hora trabajada y por el otro en la erosión sistemática de las conquistas laborales y sociales que caracterizaron al “Estado de bienestar”: horarios limitados y regulares de trabajo, movilidad de los salarios, seguridad social, etc.

Contribuye también al incremento de la explotación capitalista la mundialización de la producción, que las grandes empresas aprovechan para poner en situación de competencia, en razón de las importantes diferencias salariales existentes, a los trabajadores de los países ricos y los de los países pobres.

Dejamos de lado en esta nota la expoliación de los ahorros, pequeñas inversiones, etc., de los asalariados por parte del capital parasitario, operada fuera del proceso productivo, mediante procedimientos semilegales o directamente ilícitos del capital financiero. Prácticas que las elites políticas prometen demagógicamente cada tanto poner fin con medidas gatopardistas (cambiar algo para que todo siga igual). Por ejemplo las reuniones que el G20 dedica al tema con resultados casi nulos o la reciente ley Dodd-Frank, promovida por Obama, de reforma de Wall Street y de protección del consumidor.

Ya en 2002, a raíz de los escándalos financieros revelados entonces en Estados Unidos, el Gobierno de Bush propició la adopción de la Corporate Auditing Accountability Act, aparentemente destinada a controlar al capital financiero, pero que en los hechos sólo sirvió para calmar y distraer a la opinión pública.

Bajo una u otra forma, las políticas de rigor, una ofensiva general contra los derechos laborales y sociales de los trabajadores y los jubilados están al orden del día en todo el mundo, con el fin de atribuir una mayor tajada de las riquezas producidas al gran capital y, como contrapartida y resultado, una creciente pauperización de la gran masa de los asalariados.

II. Un caso ejemplar de esta acentuación de la explotación capitalista es el de una empresa de la General Motors en Estrasburgo, Francia.

La General Motors, que desde 1931 a 2007 fue la empresa transnacional fabricante de automotores más grande del mundo, se declaró en quiebra a mediados de 2009 y pudo ser reflotada cuarenta días después merced a una inyección del Gobierno de Estados Unidos de 50 mil millones de dólares en forma de préstamos y de aportes de capital. Es decir que el Estado pasó a ser al mismo tiempo socio y acreedor de la empresa.

Implantada en numerosos países, la GM produce y vende varias marcas de automotores que se redujeron a cinco a raíz del plan de reestructuración emprendido en junio de 2009.

De la gestión de los activos de la General Motors a liquidar como consecuencia de la reestructuración se ocupa la sociedad Motors Liquidation Company.

Entre esos activos figura una fábrica de cajas de velocidad con sede en Estrasburgo, Francia, que emplea a 1150 asalariados.

Pero estos últimos meses la General Motors –que volvió a los buenos tiempos de las ganancias multimillonarias (está ofreciendo 3500 millones de dólares para adquirir AmeriCredit una sociedad de crédito para autos)- decidió recomprar la fábrica de Estrasburgo por un euro simbólico.

Con ese fin y como condición para la recompra y así evitar el cierre de la fábrica hasta 2013 propuso al personal condiciones de trabajo francamente leoninas, entre ellas el congelamiento de los salarios durante dos años, la renuncia de los trabajadores al eventual cobro de primas excepcionales durante tres años y la disminución de la llamada reducción de tiempo de trabajo (RTT) de 16 a 10 días por año. El RTT representa para el trabajador la posibilidad de cambiar días de vacaciones por días de trabajo remunerados. Opción que muchos trabajadores utilizan en estos tiempos de “vacas flacas”.


También la empresa quiso agregar la anualización del tiempo de trabajo, lo que significa que los trabajadores pueden verse obligados a trabajar mucho más de las horas reglamentarias diarias o semanales en ciertos periodos del año, solamente compensadas por menos horas de trabajo en otros periodos, pero sin compensación monetaria alguna. Es la llamada “flexibilización” del tiempo de trabajo.

Todo ello con el propósito declarado de GM de rebajar el costo del factor trabajo al nivel del existente en sus fábricas de México.

Cabe señalar que la flexibilización del tiempo de trabajo significa en los hechos que el trabajador debe estar SIEMPRE a disposición del empleador, quien decide cuando aquél debe presentarse a trabajar o quedarse en su casa. Es el retorno a la esclavitud: el esclavo tenía sus momentos de descanso pero debía estar SIEMPRE a disposición del amo.

En materia de esclavitud la GM tiene una gran experiencia: sus filiales en Alemania utilizaron el trabajo esclavo bajo Hitler, fabricando durante la segunda guerra mundial vehículos militares para el ejército alemán. Otro tanto hizo la Ford.

La propuesta de GM a los trabajadores de la fábrica de Estrasburgo, un verdadero chantaje esgrimiendo la amenaza del desempleo y la deslocalización de la fábrica a otro país donde el costo de la mano de obra es más bajo, fue sometida a la consulta directa de los trabajadores. El 71% la aceptó y sólo el 29 % la rechazó. La mayoría, ante la amenaza del cierre inmediato de la empresa, prefirió conservar su trabajo incluso sabiendo que existe la posibilidad de que la fábrica cierre de todas maneras en Francia en 2013, después de haber superexplotado a los trabajadores durante tres años.

Tres centrales sindicales (CFDT, mayoritaria en la fábrica, FO y la CFTC) se pronunciaron a favor de la aceptación de la propuesta empresarial y sólo la CGT manifestó su oposición.

Ya hubo otros casos similares en Francia y en otros países europeos: los trabajadores aceptaron condiciones leoninas para salvar su puesto de trabajo y la empresa cerró igual un tiempo después.

En algunos de ellos, como en la fábrica de neumáticos Continental (transnacional alemana implantada en Francia), los trabajadores no pudieron evitar el cierre de la empresa pero después de una lucha larga y encarnizada con el apoyo de todas las centrales sindicales lograron condiciones de indemnización más favorables que las previstas en la ley laboral.

La resignación de la mayoría de los trabajadores de la fábrica GM de Estrasburgo puede explicarse por la actitud “pragmática” y poco combativa de la mayoría de las centrales sindicales y por el hecho de que el aumento del costo de la vida en Francia y en otros países ricos (lo que Marx llama el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo) se ve frenado en parte por el bajo precio de muchos productos de consumo cotidiano y familiar provenientes de China, Indonesia y otros países donde, a productividad igual o casi igual del trabajo, los salarios son muy inferiores.

Dicho de otra manera, el aumento del costo de reproducción de la fuerza de trabajo en Francia y en otros países ricos está parcialmente contenido como resultado de la superexplotación de los trabajadores de los países de la “periferia”.

Esta cara visible de la superexplotación está acompañada de otra cara menos visible: la redistribución inequitativa, favoreciendo al capital, de los beneficios del aumento de la productividad en el trabajo.

Siguiendo con el ejemplo de Francia, según las estadísticas oficiales, la productividad del trabajo en 2004 era 2,3 veces mayor que en 1975, mientras la población aumentó sólo un 25% y el salario real disminuyó en un 5,5 por ciento.

De modo que junto con el aumento de la productividad aumentó la explotación de los trabajadores y el incremento de los beneficios de la mayor productividad fue a parar integramente al capital.

III. Decíamos al comienzo que la explotación de los trabajadores manuales e intelectuales, inherente al capitalismo, en el curso del proceso productivo (extracción de plusvalía) , aumenta rápidamente en todo el mundo.

Argentina no constituye una excepción.


Eduardo M. Basualdo en su trabajo publicado en abril de 2008 La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes estructurales escribe que en 2002 la desocupación superaba el 20% y más del 30% agregando la subocupación. La caída del salario real alcanzó a casi el 30% en el 2002 y se deterioró aún más al año siguiente.

Después Basualdo sigue diciendo: en el marco del acentuado proceso de crecimiento que comienza en 2003, se registra una notable recomposición del salario real promedio y de la ocupación de mano de obra. Es indudable, que la reactivación de la producción industrial y de la construcción tuvieron un impacto de primer orden de importancia en el descenso de la desocupación (hacia fines del 2007 se ubica alrededor del 8% de la población económicamente activa), especialmente por el mantenimiento de un elevado coeficiente de empleo /producto en esas actividades económicas. No menos importante durante los últimos años ha sido la recomposición salarial que, incluso, fue más acelerado en términos de los ingresos de los trabajadores no registrados que los que trabajan “en blanco”. De allí, que en el 2007 la ocupación sea un 16% más elevada que en el primer año del siglo y que el salario real sea prácticamente igual al que regía en ese mismo año (nuestro el subrayado) .

Más adelante escribe Basualdo: la participación de los asalariados en el ingreso en el año 2007 (28%) es significativamente inferior a la vigente en 2001 (31%), es decir a la que estaba vigente antes de la crisis de la convertibilidad y la valorización financiera.

No deja de ser paradojal que cuando el salario real es equivalente al que regía antes de la crisis de 2002 y la ocupación un 16% superior, la participación de los trabajadores en el ingreso sea un 11 % más reducida que la vigente en 2001. La explicación a esta aparente contradicción se encuentra en que el PBI, no solamente creció en forma continuada a tasas sumamente elevadas (entre el 8% y el 9% anual) entre 2002 y el 2007, sino que aumentó claramente por encima de la combinación de salario real y ocupación (masa salarial).

Mientras el PBI aumentó el 31% entre 2001 y 2007, la masa salarial (equivalente al salario real por la ocupación) lo hizo sólo en un 16%. Se trata de procesos definitorios en la evolución de la participación de los asalariados en el ingreso, porque la misma es el resultado del cociente entre la masa salarial (ocupación por salario real) y el PBI (equivalente al valor agregado o el ingreso generado anualmente en el país). En otras palabras, debido a la recuperación que registró el salario real y la ocupación durante los últimos años, las condiciones de vida de la clase trabajadora para el año 2007 son mejores que durante la crisis e incluso que antes de ella (2001), pero su participación en el valor agregado (en la distribución del ingreso) es menor porque el PBI creció más que la masa salarial (nuestro el subrayado). Visto del otro lado, se puede decir entonces que el capital está en mejores condiciones que antes debido a que se apropió a través de sus ganancias de una porción mayor del valor agregado generado anualmente, registrándose una participación creciente del mismo en el ingreso.

En un documento del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de julio de 2010, (La recuperación industrial durante la post-convertibilidad ) coordinado por Basualdo y elaborado por Nicolás Arceo, Mariana González y Nuria Mendizábal se reitera el dato de que la recuperación del período 2002-2007 se produjo en el marco de la contracción de los salarios reales y de una significativa recuperación de la tasa de ganancia (nuestro el subrayado).

El periodista Ismael Bermúdez, comentando en Clarín del 31/7 las estadísticas del INDEC recién publicadas, señala que la producción industrial aumentó en la primera mitad de este año casi el 10%, pero el número de obreros ocupados solo creció el 0,5%.

Sigue diciendo que la mayor actividad fue afrontada con el incremento de las horas trabajadas de trabajadores que habían tenido jornadas reducidas y en otros casos apelando a las horas extras, de acuerdo a los datos del INDEC. Así, mientras la industria superó el retroceso del período de la crisis global, el nivel de ocupación en el segundo trimestre de este año continúa por debajo de igual período tanto de 2008 como de 2009. En la construcción pasó algo parecido: aumentó 10% la actividad, pero hasta el primer trimestre el número de trabajadores “en blanco” siguió retrocediendo y se mantuvo por debajo de la marca de fines de 2006. También para el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), en los 5 primeros meses de 2010, aunque con una leve recuperación, el empleo registrado en el sector estaba todavía 4,1% por debajo del nivel de igual período de 2009. A partir de estos datos, se estima que la baja de la desocupación anunciada en base a anticipos del INDEC podría deberse al aumento del empleo en los servicios o a que habría disminuido la cantidad de gente que salió a buscar empleo. En la industria el dato laboral positivo fue que en el segundo trimestre se detuvo la caída del empleo y por eso el semestre pudo cerrar con un leve incremento de la ocupación del 0,5%. Así, de las cifras oficiales se desprende que tanto la industria manufacturera como la construcción estarían obteniendo fuertes ganancias de productividad (el subrayado es nuestro).

Cabe agregar que la mayor parte de los beneficios de esta superexplotación de los trabajadores ni siquiera queda en el país sino que va a parar al extranjero, como resultado de un ininterrumpido proceso de extranjerización de la economía que tuvo su etapa más aguda en el período postdictatorial durante las dos presidencias de Menem y continúa hasta hoy.

En efecto, en 1993, de las 500 mayores empresas 281 eran nacionales y 219 extranjeras, y del total de los puestos de trabajo, el 60% los proporcionaban las empresas nacionales y el 40% las extranjeras. En 2007 de las 500 mayores empresas sólo 130 eran nacionales y 330 extranjeras. Las primeras proporcionaban el 37,1% de los puestos de trabajo y las segundas el 62,9%. (Concentración, centralización y extranjerización. Continuidades y cambios en la post-convertibilidad. Documento de trabajo nº 4. CIFRA - Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, febrero de 2010. Cuadro estadístico de la pág. 17).

A esta extranjerización de la industria (donde hay que incluir en lugar destacado el petróleo y la minería) hay que agregar la extranjerización del campo: unas 30 millones de hectáreas han pasado a precios de liquidación a manos de extranjeros en los dos últimos decenios, sin que el Gobierno nacional ni los Gobiernos provinciales actuales o precedentes hayan hecho nada para parar esta sangría. Extranjerización acompañada por la sojización transgénica del campo, consecuentemente envenenado con el herbicida glifosato: sobre el total del área sembrada, la soja ha pasado del 26% en 1996/97 al 33% en 1999/2000 y al 53% en 2006/2007, a expensas de otros sembrados y de las explotaciones de los pequeños propietarios y arrendatarios.

Dicho de otra manera, la recuperación de la tasa de ganancia se logró acentuando la explotación de los trabajadores en beneficio de los grandes patrones agrarios e industriales transnacionales y “nacionales”, del círculo de amigos empresarios y neoempresarios de la pareja presidencial, entre ellos la cúpula de la burocracia sindical acaparadora de empresas y servicios, cuyo principal exponente es el “compañero” Moyano.

Un paréntesis con respecto a los dirigentes sindicales-empresarios. El patrimonio de los dirigentes sindicales es un secreto celosamente guardado. En julio de 2001, Patricia Bullrich (peronista desde muy joven y actualmente opositora), en ese entonces Ministra de Trabajo del Gobierno de Fernando de la Rúa, dictó dos resoluciones 376 y 377/2001 para asegurar la gestión transparente de los fondos sindicales y obligar a los dirigentes a presentar una declaración jurada de su patrimonio. Esto fue enérgicamente rechazado por los destinatarios de dichas reglamentaciones. Como resultado de la presión de la burocracia sindical, el 7 de mayo de 2002, Graciela Camaño (peronista y actualmente anti K) , Ministra de Trabajo de Duhalde, dictó la Resolución 345/2002 suspendiendo la resolución 376/2001 “hasta tanto se resuelvan definitivamente los recursos administrativos articulados contra la citada resolución por las asociaciones sindicales”. Y en octubre del mismo año, Camaño dictó la Resolución 708/2002: “Derógase la Resolución N° 377/2001, mediante la cual se dispuso la presentación de una declaración jurada patrimonial integral por parte de los integrantes de conducción de las asociaciones sindicales”, en la que se invocaba cínicamente el artículo 14 bis de la Constitución y las normas en materia de libertad y autonomía sindical.

El aumento de le explotación de los trabajadores no es un simple dato estadístico sino que se traduce en los hechos de la realidad cotidiana en forma de agudización de la pobreza y la indigencia de una buena parte de la población, con su correlato de altos índices -en ascenso- de mortalidad infantil, de deserción escolar, de subalimentación, etc.

En un estudio reciente del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) se mostraron las carencias que padece una de cada tres familias en Argentina. La pobreza que se expande actualmente tuvo valores críticos a comienzos del siglo XXI, disminuyó en el quinquenio siguiente y volvió a crecer a partir de 2006. Otro tanto ha ocurrido con los niveles de indigencia. El estudio señala que la pobreza se distribuye desigualmente a lo largo del país: en las provincias norteñas se dan los más altos porcentajes de necesidades insatisfechas; en el Gran Buenos Aires, durante el curso de los últimos 30 años, la pobreza se ha multiplicado por diez. Continúa diciendo el estudio que uno de los indicadores demostrativos del pauperismo que afecta a tantos argentinos es la vivienda: se comprueba un incremento del número de familias alojadas en condiciones precarias, ya sea en villas de emergencia, asentamientos populares u ocupaciones de hecho. En 2004 representaban el 10 por ciento de la población; ahora constituyen el 17 por ciento. Además, el 36 por ciento habita en lugares que carecen de servicios cloacales, el 27 se ha instalado en lugares inundables, el 12 padece de hacinamiento y el 16 por ciento sufre de riesgo alimentario.

Es importante señalar que el nivel de empobrecimiento de buena parte de la población es diferenciado: en unos casos es relativo y en otros absoluto. Eso depende de varios factores. Uno de ellos es según el sector económico en el que trabajan, si trabajan “en blanco” o “en negro” y también según el sexo y el nivel educacional de los trabajadores.

Se agregan otros factores coyunturales como planes asistenciales, un extendido clientelismo y una política de captación de sectores de clase media a través de su funcionarización u otras formas de prebendas.

Pero lo cierto es que la brecha social se ha profundizado en Argentina en los últimos años, con los ganadores de un lado y los perdedores del otro.

Estos últimos han perdido la batalla en la puja distributiva por varias razones.

La primera es que “la necesidad tiene cara de hereje”, cuando la opción es seguir desocupado o aceptar un trabajo cualesquieras sean las condiciones.

Pero no menos importante es la debilidad organizativa de los trabajadores, como consecuencia de una tasa de sindicalización que alcanza actualmente sólo a la mitad de la existente durante el primer gobierno de Perón y, estrechamente ligado a este fenómeno, la persistencia desde hace más de medio siglo de la burocracia sindical, verdadero cáncer y agente del enemigo de clase en el seno del movimiento obrero.

A esto se agrega la defección de una buena parte de la clase media profesional e intelectual que por comodidad, ingenuidad o interés y con autojustificaciones sumarias (“es lo que hay”) no acompaña las reivindicaciones y reclamos de los oprimidos y explotados y ha abandonado toda expectativa de transformación social.

Esta adhesión de una parte de la clase media al régimen de turno no es una novedad: ocurrió durante la dictadura militar (beneficiarios de la “plata dulce” y el comentario “algo habrán hecho” sobre los desaparecidos) , durante el menenismo, consintiendo con su silencio aprobatorio el fenomenal despojo del patrimonio nacional y también ocurre ahora.

Entre la sartén del régimen actual y el fuego de la oposición de derecha hay que buscar otra alternativa basada en una fuerte organización obrera de masas y de clase, independiente de los gobiernos de turno y de los patrones, ayudada por una capa de profesionales e intelectuales que no vacile en apostar a un profundo cambio político-social, cumpliendo con lo que hace 80 años Aníbal Ponce llamó “los deberes de la inteligencia”.

fuente: Argenpress
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