La historia oculta del fiscal Luciani (1a parte)

Mientras la emprende contra Cristina, su familia explota trabajadores en el campo, evade y trabaja para el Grupo Clarín. No presenta una sola prueba y el prontuario familiar pesa mucho más de 3 toneladas.

Próximo a cumplir 50 años, el fiscal Diego Sebastián Luciani siente que se preparó toda su vida para este instante, el momento preciso en que logre una condena contra Cristina Kirchner y pueda, definitivamente, sentirse aceptado por ese mundo al cual busca afanosamente pertenecer, y para el cual dio el primer paso hace ya varios años, cuando contrajo matrimonio con Josefina de Abelleyra.

Lo único que lamenta no es una detalle menor: no tiene pruebas contra la expresidenta. Y por eso la necesidad de este circo que recuerda indefectiblemente al que envolvía a su colega Nisman poco antes del suicidio.

Como era de esperarse en esta continua “lucha de clases” que atraviesa los doscientos años de historia nacional, la familia política del fiscal es de aquellas “patricias” dueñas de la economía, de manejos feudatarios y perteneciente a los grupos de poder.

EXPLOTADORES

El padre de Josefina y suegro del fiscal, Eduardo Florencio de Abelleyra, ingeniero agrónomo, es dueño junto a sus hijos del Grupo Garabí, de gran importancia en la zona mesopotámica donde se dedica a la explotación forestal. Comenzó sus actividades en 1976 en Corrientes, y administra actualmente más de 34.000 hectáreas. En los últimos años, diversificó y empezó a interesarse en nuevos proyectos: ganadería, agricultura, yerba mate, arroz, cultivo de arándanos y olivos.

También, al parecer, se dedican a la explotación de personas: a mediados de 2021 una comitiva de fiscalizadores y funcionarios integrados por el delegado del NEA la Dirección del Comité contra la trata de personas José Maria Serbin, el sub delegado provincial de UATRE Sergio Greñiuk y fiscalizadores de RENATRE y UATRE encontraron a un grupo de trabajadores misioneros en condiciones infrahumanas en una forestación en Corrientes. La misma se desarrolló en el establecimiento Rincón Chico, perteneciente a la empresa Rincón de Ita Cabi S.A., del grupo Garabí.

Los inspectores hallaron en el establecimiento administrado por el suegro del fiscal Luciani un campamento de trabajadores oriundos de Misiones, viviendo en condiciones precarias en un colectivo viejo, sin energía eléctrica ni agua potable y viviendas deplorables.

FIFAGATE

Otra causa que le gusta desempolvar cada tanto a nuestro Poder Judicial, cada vez más lejano de la Justicia, es la del FIFAGate, archivada ya hace tiempo por el juez Daniel Rafecas y que en octubre del año pasado fue reabierta por la Sala I de la Cámara Federal porteña, que ordenó investigar a Aníbal Fernández (que ya había sido sobreseído) por supuestos sobornos para acceder a derechos de televisación. Uno de los nombres allí involucrados era el de Eduardo Manuel De Abelleyra, hoy fallecido cuñado del fiscal Luciani.

Y es que Abelleyra, hermano de Josefina, formaba parte desde 2010 del Grupo Clarín, donde fue director de Torneos y Competencias y CEO de DirecTV y participando en otras empresas del grupo como T2 Green Golf y Alpha Tel, hasta el año pasado, cuando murió víctima del coronavirus.

Muchos recuerdan aún los beneficios logrados por el grupo en el macrismo durante la gestión de Abelleyra

LAVADO

Quienes tambien participan del negocio forestal en el Grupo Garabí, es la familia Goyheneix. Todos cercanos: Margarita Goyheneix es la suegra del fiscal Luciani. Ella es directora, por ejemplo, en Forestal Palomares, una explotación de 1040 hectáreas del Grupo Garabí, también en Corrientes y, también, durante la pandemia, denunció al gobierno de Alberto Fernández ante la justicia.

Hermano de ella y tío de la esposa de Luciani es Esteban Goyheneix, un reconocido financista CEO de Neix S.A., una sociedad de servicios financieros en Argentina, denunciada junto a otras sociedades por la AFIP durante la gestión de Ricardo Echegaray, en 2015. La AFIP acusó a Neix y a otras empresas financieras de integrar una supuesta “asociación ilícita tributaria” para “ayudar a terceros a evadir”. Según la acusación, durante el cepo (2012-2013), estas sociedades habrían transferido fondos de terceros al exterior a través de cuentas comitentes que no permitirían identificar a los verdaderos dueños del dinero. ¿Cómo salía el dinero? A través del dólar cable o CCL (dólar contado con liquidación), señalaban desde el diario Perfil.

El tío político del fiscal Luciani también está en la mira del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Según sus investigaciones, la firma Heracles Finance Corp., con sede en París pero operaciones en Islas Caimán, fue reportada ante la FinCEN por el Banco New York Mellon por haber realizado 488 transferencias “sospechosas” con bancos asociados entre 2012 y 2013. El total observado fue de casi U$S23 millones. El beneficiario final de Heracles –siempre según esos registros bancarios- es el mencionado “tío” Esteban Goyheneix, formado en el Banco Galicia y el Finansur.

Muchos se explicarán ahora la “lógica” y el “sentido común” del fiscal que se puso como meta condenar a Cristina, más allá de la inexistencia de pruebas.

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