Los derechos de los inversores, prestamistas y especuladores no deben prevalecer sobre los derechos de la gente de carne y hueso.

Otras reglas exigen que los derechos de los inversores, prestamistas y especuladores deben prevalecer sobre los derechos de la gente de carne y hueso de a pie, minando la soberanía popular y los derechos democráticos. Las grandes empresas, como bien se sabe, se adaptan y actúan de muchos modos contra la soberanía de los estados. Hay casos muy interesantes.

Por ejemplo en Guatemala, hace un par de años, se intentó reducir la mortalidad infantil regulando la comercialización de la leche en polvo para niños por parte de las multinacionales.

Las medidas que Guatemala propuso se adaptaban a las directrices de la Organización Mundial de la Salud y respetaban los códigos internacionales, pero la Gerber Corporarion denunció tal expropiación y la amenaza de una queja de la Organización Mundial de Comercio fue suficiente para que Guatemala retirara la propuesta por temor a medidas de represalia por parte de EEUU.

Los derechos de los inversores, prestamistas y especuladores no deben prevalecer sobre los derechos de la gente de carne y hueso.

Los derechos de los inversores, prestamistas y especuladores.

La primera queja bajo la nuevas reglas de la OMC se formuló contra EE UU por parte de Venezuela y Brasil, que se quejaban de que las regulaciones EPA referentes al petróleo violaban sus derechos como exportadores. En esa ocasión Washington aceptó, supuestamente por temor a sanciones, pero soy escéptico sobre esta interpretación.

No creo que EE UU tenga miedo de sanciones de Venezuela y Brasil, más probablemente la administración Clinton simplemente no vio ninguna razón de peso para defender el medio ambiente y proteger la salud.



Obscenas cuestiones de este calibre aparecen una y otra vez con fuerza. Decenas de millones de personas en todo el mundo mueren de enfermedades evitables por culpa de medidas proteccionistas escritas en las reglas de la OMC, que garantizan a las grandes empresas privadas el derecho de fijar precios monopolistas.

Tailandia y Sudáfrica, por ejemplo, que disponen de industria farmacéutica, podrían producir medicamentos que salvaran vidas por una fracción del coste del precio monopolístico, pero no se atreven por miedo a sanciones comerciales. De hecho, en 1998 EE UU llegó a amenazar a la Organización Mundial de la Salud con retirar sus cuotas si a ésta se le ocurría controlar los efectos de las condiciones comerciales sobre la salud. Estas son amenazas reales.

Los derechos comerciales.

A todo ello se le llama "derechos comerciales", pero no tienen nada que ver con el comercio.

Tienen que ver con prácticas monopolísticas de fijación de precios reforzada por medidas proteccionistas que se incluyen en los acuerdos de librecambio. Estas medidas están diseñadas para asegurar los derechos empresariales, que también tienen como efecto la reducción del crecimiento y de las innovaciones, naturalmente. Estas son sólo una parte de la retahila de regulaciones introducidas en estos acuerdos que frenan el desarrollo y el crecimiento. Lo que motivan estas medidas son los derechos de los inversores, no el comercio. El comercio, por supuesto, carece de valor en sí mismo.
Sólo tiene valor si incrementa el bienestar humano.

En general, el principio primordial de la OMC, y de sus tratados, consiste en que la soberanía y los derechos democráticos tienen que estar subordinados a los derechos de los inversores. En la práctica esto significa que prevalecen los derechos de esas gigantescas personas inmortales: tiranías privadas a las cuales la gente debe subordinarse.

Estas son las razones que condujeron a los notables hechos de Seattie. De todos modos, el conflicto entre la soberanía popular y el poder privado se puso de manifiesto mucho más crudamente unos meses después de Seattle, en Montreal, cuando fue alcanzado un ambiguo acuerdo sobre las bases del llamado "protocolo de bioseguridad". Ahí la cuestión estuvo clara.

EE UU contra casi todo el mundo.

Citando el New York Times, "se alcanzó un compromiso tras intensas negociaciones que a menudo incitaban el enfrentamienro de EE UU contra casi todo el mundo" por culpa de lo que se llamó el "principio de precaución".

¿De qué se trata?

El jefe de la delegación de la Unión Europea lo describió así: "los países deben tener la libertad, el derecho soberano, de tomar medidas precautorias ante las semillas genéticamente modificadas, microbios, animales, y cosechas que se sospechen perju-diciales". EE UU, sin embargo, insistió en aplicar las reglas de la OMC. Dichas reglas dicen que una importación sólo puede ser prohibida si existe evidencia científica.

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Fijémonos dónde se encuentra aquí el objetivo. Lo que se discute es si la gente tiene derecho a rechazar ser objeto de un experimento. Para ejemplificarlo, supongamos que el departamento de biología de una universidad entrara aquí y nos dijera: "Amigos, vais a ser objeto de un experimento que tenemos que llevar a cabo.

No sabemos adonde nos va a llevar. No sé, ¿qué tal unos electrodos en el cerebro para ver qué pasa? Podéis negaros, pero sólo si podéis esgrimir una evidencia científica de que esto os va a perjudicar". En condiciones normales no vamos a poder esgrimir tal evidencia.

La pregunta es, ¿tenéis derecho a negaros? Según las reglas de la OMC, no. Tenéis que ser objetos del experimento. Es una forma de lo que Edward Hermán llama "soberanía del productor". El productor reina, son los consumidores los que deben defenderse de alguna manera. A nivel interno esto funciona, tal como Hermán apunta.

No es responsabilidad, dice, de la industria química ni de los fabricantes de pesticidas demostrar, probar, que lo que están echando al medio ambiente es seguro. Es responsabilidad del ciudadano demostrar científicamente que no lo es, y tiene que hacerlo a través de agencias públicas con bajo presupuesto, susceptibles de dejarse influir ante las presiones de la industria.

Esta fue la cuestión que se discutió en Montreal, y una suerte de acuerdo ambiguo fue alcanzado.

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Dejemos claro que no se tocó ninguno de los principios, y esto se puede ver simplemente observando quién estaba presente. EE UU estaba a un lado de la mesa, y se le unieron algunos otros países con intereses en biotecnología y agroexportaciones de alta tecnología, y en el otro lado estaban todos los demás, aquellos que no tenían esperanzas de sacar tajada del experimento.

Esta era la situación, y esto nos dice a las claras qué principios se discutían. Por razones similares, la Unión Europea favorece aranceles altos sobre los productos agrícolas, tal cómo hacía EE UU hace 40 años (ahora ya no, y no porque los principios hayan cambiado, sino porque el poder ha cambiado).

El poder de los poderosos y privilegiados.

Hay un principio no escrito que dice que los poderosos y privilegiados deben tener capacidad de hacer lo que quieran (por supuesto esgrimiendo nobles motivos). El corolario es que la soberanía y los derechos democráticos de la gente en este caso deben pasar de ser (y esto es lo dramático) refractarios a ser objeto de experimentos cuando las grandes empresas de EE UU pueden sacar tajada del experimento. La invocación por parte de EE UU de las reglas de la OMC es muy natural, ya que codifican ese principio, y esto es fundamental.

Estos temas, aunque son muy reales y afectan a un gran número de personas en el mundo, son de hecho secundarios ante otras modalidades de reducción de la soberanía a favor del poder privado.

El poder de los poderosos y privilegiados.

La especualción perniciosa.

La idea era atajar la especulación perniciosa a gran escala y restringir la fuga de capitales. Los motivos eran claros y se articularon diáfanamente. Los flujos libres de capital crean lo que se ha llamado en ocasiones un "parlamento virtual" del capital global, el cual puede ejercer su poder de veto sobre las políticas gubernamentales que considere irracionales.

Esto implica a los derechos laborales, programas educativos o de salud o políticas públicas de estímulo de la economía o, de hecho, cualquier cosa que ayude a la gente y no a los beneficios (y por lo tanto es irracional en un sentido técnico).

El sistema de Bretton Woods.

El sistema de Bretton Woods funcionó más o menos durante 25 años. Época que ha sido calificada por muchos economistas como la "edad de oro" del capitalismo moderno (capitalismo moderno de Estado más propiamente).



Fue un período, que duró hasta los 70 más o menos, de rápido crecimiento -sin precedentes históricos- de la economía, del comercio, de la productividad, de la inversión de capital, de extensión del estado del bienestar, una edad de oro. Todo se vino abajo a principios de los años 70.

El sistema de Bretón Woods fue desmantelado con la liberalización de los mercados financieros y la implementación de tipos de cambio flotantes.

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